DECRETO 99/19*
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2019
B.O.: 28/12/19
Vigencia: Tít. I: a partir del 1/1/20 y el resto de la norma rige desde el 29/12/19

Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Delegación de facultades en el Poder Ejecutivo nacional. Regularización de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras, para micro, pequeñas y medianas empresas, vencidas al 30/11/19, inclusive. Seguridad Social. Contribuciones patronales. Alícuotas. Base imponible. Detracciones. Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Impuestos a las ganancias y cedular, sobre los bienes personales y los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias e internos. Ajuste por inflación impositivo. Deducciones. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS). Compra y cambio de moneda extranjera. Haberes previsionales. Incrementos salariales. Sociedades. Capital social. Obras sociales. Tasa de estadística. Dto. 361/19. Se prorroga su vigencia. Dto. 759/18. Su derogación. Dtos. 37/98 y 108/99. Se suspende su vigencia. Ley 27.541. Su reglamentación. Con las modificaciones de los Dtos. 116/20 (B.O.: 30/1/20) y 330/20 (B.O.: 1/4/20).

(*) Nueva numeración a partir del 10/12/19.

VISTO: el Expte. EX-2019-113286170-APN-DGD#MHA, la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, el Tít. VI de la Ley 23.966, t.o. en 1997 y sus modificaciones, de Impuesto sobre los Bienes Personales, el Tít. VI de la Ley 27.430, los Caps. 3, 5, 6 y 9 del Tít. IV y el Tít. V, de la Ley 27.541 y los Dtos. 389, del 22 de marzo de 1995; 37, del 9 de enero de 1998; 108, del 11 de febrero de 1999; 690, del 26 de abril de 2002; 759, del 16 de agosto de 2018; 1.201, del 28 de diciembre de 2018, y 361, del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Tít. VI de la Ley 27.430 se introdujeron ciertas modificaciones en materia de recursos de la Seguridad Social y, en particular, a lo previsto en los Dtos. 814, del 20 de junio de 2001, y sus modificatorios y 1.009 del 13 de agosto de 2001.

Que a través del Dto. 759, del 16 de agosto de 2018, se reglamentaron tales disposiciones.

Que mediante el art. 26 de la Ley 27.541 se derogaron los decretos mencionados en el primer Considerando, así como también se establecieron nuevas regulaciones sobre la misma materia.

Que, por tal motivo, se torna necesario adecuar las disposiciones reglamentarias al nuevo régimen legal aplicable.

Que por otra parte, el Cap. 5 del Tít. IV de la Ley 27.541 también efectuó cambios en el Tít. VI de la Ley 23.966, t.o. en 1997 y sus modificaciones, de Impuesto sobre los Bienes Personales.

Que en ese sentido, modificó el nexo de vinculación “domicilio” del sujeto del tributo por el de “residencia” reglado de conformidad a lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones.

Que, asimismo, se incorporó la posibilidad de fijar alícuotas diferenciales para gravar los bienes situados en el exterior pudiendo disminuirlas cuando se verifique su repatriación.

Que por estas razones, cabe establecer las pautas que deben seguirse a los fines de definir el alcance de la condición de “residencia” y el concepto de “repatriación”, así como también, fijar las referidas alícuotas diferenciales.

Que en lo que respecta al Cap. 6 del Tít. IV de la Ley 27.541, este incorporó el denominado “Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS)”.

Que corresponde en esta instancia brindar precisiones con relación a las operaciones alcanzadas por el tributo a las que hace referencia su art. 35, además de suspender, en esta oportunidad, de su pago, a la adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes a fin de no afectar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables para facilitar su desplazamiento.

Que debido a que determinados servicios digitales indicados en el inc. m), apart. 21, inc. e) del art. 3, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, se encuentran gravados por este tributo, es necesario fijar una alícuota reducida.

Que en lo que hace a la tasa de estadística, el art. 49 de la Ley 27.541, establece su alícuota, hasta el 31 de diciembre de 2020, en un tres por ciento (3%), la que resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo, con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de acuerdos preferenciales suscriptos por la República Argentina que específicamente contemplen una exención o aquellas que incluyan mercaderías originarias de los Estados Partes del Mercosur.

Que el mencionado artículo, asimismo, faculta al Poder Ejecutivo nacional a disponer, por razones justificadas, exenciones para el pago de dicha tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología e innovación, la promoción de desarrollo económico o la generación de empleo.

Que, por otra parte, como resultado del procedimiento que oportunamente se llevó a cabo ante la Organización Mundial del Comercio –OMC– a fin de que nuestro país ajustara su legislación sobre tasa de estadística a lo dispuesto en el art. VIII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio –GATT de 1994, para que el porcentaje “ad valorem” de ésta se limite al costo aproximado del servicio estadístico prestado respecto de las importaciones, se asumió el compromiso de establecer un límite en valor absoluto a las sumas de dinero cobradas por tal concepto, por lo que deviene necesario fijar montos máximos para el pago de dicho tributo.

Que el Dto. 361, de fecha 17 de mayo de 2019, estableció hasta el 31 de diciembre de 2019 en un cero por ciento (0%) la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el art. 762 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, aplicable a ciertos bienes de capital y a las destinaciones suspensivas de importación temporaria.

Que, dadas las particularidades de ciertos sectores de la economía y de las características de las mercaderías, sus finalidades y/o procesos a los cuales son afectadas, corresponde mantener las excepciones al pago de dicha tasa otorgadas por normas especiales y, asimismo, prorrogar la vigencia del citado Dto. 361/19.

Que el art. 52 de la Ley 27.541 estableció que los derechos de exportación aplicables a las exportaciones de las prestaciones de servicios no podrán superar el cinco por ciento (5%).

Que, por ese motivo, deben efectuarse adecuaciones en el texto del Dto. 1.201, del 28 de diciembre de 2018, que fijó ese derecho en un doce por ciento (12%) con un límite de pesos cuatro ($ 4) por cada dólar estadounidense determinado de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del art. 735 y cs. de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.

Que los Servicios Jurídicos competentes han tomado la intervención que les corresponde.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución nacional y por los arts. 10, 755, 764 y 765 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 25 del Tít. VI de la Ley 23.966, t.o. en 1997 y sus modificaciones y 41, 49 y 52 de la Ley 27.541.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

TITULO I - Seguridad Social

Contribuciones patronales

Art. 1 – A efectos de evaluar el límite para la categorización como empresa mediana Tramo 2 a que hace referencia el inc. a) del art. 19 de la Ley 27.541 los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal, de acuerdo con lo allí dispuesto, encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” –con excepción de los comprendidos en las Leyes 23.551, 23.660 y 23.661 y sus correspondientes modificatorias– deberán considerar, en todos los casos, el tope de ventas totales anuales que, para el sector en el que estén encuadrados, se encuentre fijado en el Anexo IV de la Res. S.E. y PyME 220, del 12 de abril de 2019, y su modificatoria o la que en el futuro la reemplace.

De no superarse los referidos topes, tales empleadores quedarán comprendidos en el inc. b) del art. 19 de la mencionada ley, debiendo acreditar dicha condición con el certificado que emita la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo. La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrá excluir a determinadas actividades de la obligación de contar con el referido certificado o admitir otras modalidades de acreditación, cuando las características particulares impidan acreditar de tal modo la mencionada condición.

A estos fines, las ventas totales anuales serán calculadas en función de lo previsto en el art. 5 de la resolución mencionada en el primer párrafo de este artículo o la que en el futuro la reemplace.

Art. 2 – Las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales o especiales deberán aplicarse sobre la base imponible que corresponda sin considerar las detracciones reguladas en los arts. 22 y 23 de la Ley 27.541.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará de aplicación para el cálculo de los conceptos adicionales a los previstos en el art. 19 de esa misma ley, por los que los empleadores del régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción establecido por la Ley 22.250, su modificatoria y complementaria, deben contribuir conforme con las normas específicas que regulan la actividad.

Art. 3 – La Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía dispondrá el modo de practicar la detracción regulada en el art. 22 de la Ley 27.541.

En aquellos casos en que, por cualquier motivo, corresponda aplicar la referida detracción en función de los días trabajados, se considerará que el mes es de treinta días.

Cuando se trate de contratos de trabajo a tiempo parcial a los que les resulte aplicable el art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, t.o. en 1976, y sus modificatorias, el monto de la citada detracción será proporcional al tiempo trabajado no pudiendo superar el equivalente a las dos terceras (2/3) partes del importe que corresponda a un trabajador de jornada completa en la actividad.

Art. 4 – La detracción indicada en el art. 23 de la Ley 27.541 se practicará sobre la base imponible que corresponda por la totalidad de los trabajadores comprendidos en el art. 22 de esa misma ley, luego de la detracción a la que se refiere este último artículo, hasta su agotamiento, sin que el excedente pueda trasladarse a períodos futuros.

La Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía fijará el modo en que se determinará la magnitud de la detracción del art. 23 para las situaciones que ameriten una consideración especial.

Art. 5 – Las disposiciones del Cap. 3 del Tít. IV de la Ley 27.541 se aplicarán a los empleadores comprendidos, o que en un futuro se incorporen, en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la Ley 26.377.

La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.377, dictará las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para contemplar tales disposiciones en la determinación o adecuación de la tarifa sustitutiva de las cotizaciones sociales a incluir en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

Art. 6 – La opción a que se hace referencia en el último párrafo del art. 169 de la Ley 27.430 se entenderá referida a las disposiciones del art. 22 de la Ley 27.541 y de ejercerse para la totalidad de los trabajadores comprendidos en este último artículo, implicará también el acceso a la detracción prevista en el art. 23 de la última ley mencionada.

La Administración Federal de Ingresos Públicos entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía establecerá los requisitos, plazos y demás condiciones vinculados con el ejercicio de la referida opción.

El ejercicio de la opción, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 27.430, será definitivo, no pudiendo volver a incluirse la relación laboral de que se trate en las disposiciones de la Ley 26.940.

Art. 7 – Derógase el Dto. 759 del 16 de agosto de 2018.

Art. 8 – Las presentes disposiciones surtirán efecto para las obligaciones de determinación e ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Unico de la Seguridad Social cuyo vencimiento opere a partir del día de la entrada en vigencia de la Ley 27.541.


TITULO II - Impuesto sobre los bienes personales

Art. 9 – Los sujetos indicados en el inc. a) del art. 17 del Tít. VI de la Ley 23.966, t.o. en 1997 y sus modificatorias, de Impuesto sobre los Bienes Personales, deberán calcular el gravamen a ingresar dispuesto en el segundo párrafo del art. 25, conforme la siguiente tabla:

Valor total de los bienes del país y del exterior El valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los bienes del país pagarán el %
Más de $ A $
0 3.000.000, inclusive 0,70
3.000.000 6.500.000, inclusive 1,20
6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80
18.000.000 En adelante 2,25

Art. 10 – Se entenderá por repatriación, a los fines del segundo párrafo del art. 25 de la ley referida en el artículo precedente, al ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive, de: i. las tenencias de moneda extranjera en el exterior y, ii. los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

Nota: por Dto. 330/20 , art. 1 (B.O.: 1/4/20), con vigencia a partir del 31/3/20, se prorroga hasta el 30/4/20, inclusive, la fecha de repatriación prevista para el período fiscal 2019, dispuesto por el presente artículo.

Art. 11 – Quedan exceptuados del pago del gravamen al que hace referencia el art. 9 de este decreto, los sujetos que hubieren repatriado activos financieros a la fecha señalada en el artículo anterior, que representen, por lo menos un cinco por ciento (5%) del total del valor de los bienes situados en el exterior.

(1) El beneficio se mantendrá en la medida que esos fondos permanezcan depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular (caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo u otras), en entidades comprendidas en el régimen de la Ley 21.526, hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación o, una vez cumplida la repatriación y efectuado el mencionado depósito, esos fondos se afecten, en forma parcial o total, a cualquiera de los siguientes destinos:

a) Su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior.

b) La adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el Banco de Inversión y Comercio Exterior, en carácter de fiduciario y bajo el contralor del Ministerio de Desarrollo Productivo como autoridad de aplicación, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

c) La suscripción o adquisición de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión existentes o a crearse, en el marco de la Ley 24.083 y sus modificaciones, que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía, para dicho fin y que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se produjo la repatriación. Los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que recibió la transferencia original desde el exterior.

Cuando los fondos que se hubieren depositado se destinaran, en forma parcial, a alguna de las operaciones mencionadas en los incisos precedentes, el remanente no afectado a estas últimas debe continuar depositado en las cuentas y hasta la fecha, indicadas en el párrafo anterior.

(2) El beneficio previsto en este artículo resultará procedente cuando los fondos y los resultados, derivados de las inversiones mencionadas en el segundo párrafo –obtenidos antes del 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación– se afectaran a cualquiera de los destinos mencionados en éste y en las condiciones allí establecidas, incluso, de manera indistinta y sucesiva a cualquiera de ellos.

En aquellos casos en que no corresponda el ingreso del importe de la alícuota diferencial a que hace referencia el segundo párrafo del art. 25 de la ley, el gravamen a ingresar en los términos de su primer párrafo deberá incluir el valor total de los bienes sujetos al impuesto, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación de aquél.

En caso de corresponder la devolución, esta procederá hasta un monto equivalente al que exceda al incremento de la obligación que hubiera correspondido ingresar de haber tributado los activos del exterior a la escala progresiva comprendida en el primer párrafo del art. 25 del Tít. VI de la Ley 23.966, t.o. en 1997 y sus modificatorias, de Impuesto sobre los Bienes Personales.

(1) Segundo párrafo sustituido por Dto. 116/20, art. 1 (B.O.: 30/1/20). Vigencia: a partir del 31/1/20. El texto anterior decía:

“El beneficio se mantendrá en la medida que esos fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre, inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades comprendidas en el régimen de la Ley 21.526 y sus modificatorias, a nombre de su titular”.

(2) Cuarto párrafo incorporado por Dto. 330/20, art. 2 (B.O.: 1/4/20). Vigencia: a partir del 31/3/20.

Nota: por Dto. 330/20 , art. 1 (B.O.: 1/4/20), con vigencia a partir del 31/3/20, se prorróga hasta el 30/4/20, inclusive, la fecha de repatriación prevista para el período fiscal 2019, dispuesto por el presente artículo.

Art. 12 (1) – Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, para establecer la forma, el plazo y las condiciones para el ingreso y/o devolución del impuesto mencionado en el presente decreto, así como también para verificar la acreditación del ingreso al país y del mantenimiento hasta el 31 de diciembre de conformidad con las disposiciones señaladas en el art. 11, de los fondos provenientes del exterior, su afectación a los destinos permitidos en el mismo artículo y para disponer el decaimiento de los beneficios allí establecidos, cuando en uso de sus facultades detecte el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente norma.

Las transferencias de moneda extranjera desde el exterior se deberán efectuar de conformidad con las normas del Banco Central de la República Argentina.

La Administración Federal de Ingresos Públicos también será la encargada de dictar las normas operativas que resulten necesarias en virtud de las disposiciones previstas en el art. 30 de la Ley 27.541.

(1) Artículo sustituido por Dto. 116/20, art. 2 (B.O.: 30/1/20). Vigencia: a partir del 31/1/20. El texto anterior decía:

“Artículo 12 – Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, para establecer la forma, el plazo y las condiciones para el ingreso y/o devolución del impuesto mencionado en el presente decreto, así como también para disponer el decaimiento de los beneficios establecidos en el art. 11 cuando en uso de sus facultades detecte el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente norma.

El mencionado organismo también será el encargado de dictar las normas operativas que resulten necesarias en virtud de las disposiciones previstas en el art. 30 de la Ley 27.541”.

Art. 13 – Toda referencia que efectúen las normas legales, reglamentarias y complementarias sobre el nexo de vinculación “domicilio” con relación al impuesto sobre los bienes personales, debe entenderse referida a “residencia” de conformidad con lo previsto en el art. 116 y ss. de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus modificaciones.


TITULO III - Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS)

Art. 14 – Las operaciones comprendidas en los incs. b) y c) del art. 35 de la Ley 27.541 están alcanzadas por el impuesto allí previsto, cualquiera sea el medio de pago con el que sean canceladas.

Art. 15 – Quedan comprendidas en los términos del inc. d) del art. 35 de la Ley 27.541, las adquisiciones de servicios en el exterior contratadas a través de agencias de viajes y turismo –mayoristas y/o minoristas– del país cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incs. b) y c) de ese artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al Mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.

Art. 16 – Quedan comprendidas en los términos del inc. e) del art. 35 de la Ley 27.541, las adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, contratados a través de empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incs. b) y c) de ese artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al Mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.

Art. 17 – Establécese que cuando las operaciones comprendidas en el art. 35 de la Ley 27.541 constituyan servicios incluidos en el inc. m) del apart. 21 del inc. e) del art. 3 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. en 1997 y sus modificaciones, la alícuota prevista en el primer párrafo del art. 39 de la norma legal indicada en primer término, será del ocho por ciento (8%).

Art. 18 – Suspéndase el pago del impuesto previsto en el art. 35 de la Ley 27.541 para la adquisición de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes.

Art. 19 – El impuesto previsto en el Cap. 6 del Tít. IV de la Ley 27.541 resultará de aplicación a partir de la entrada en vigencia de esa ley, de conformidad con lo previsto en el art. 87 de esa norma legal.


TITULO IV - Tasa de estadística

Art. 20 – Establécese que, hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe de la tasa de estadística contemplada en el art. 762 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, aplicable, de conformidad con el art. 49 de la Ley 27.541, a las destinaciones definitivas de importación para consumo, no podrá superar los siguientes montos máximos:

Base imponible Monto máximo a percibir en concepto de tasa de estadística
Menor a u$d 10.000, inclusive U$d 180
Entre u$d 10.000 y u$d 100.000, inclusive U$d 3.000
Entre u$d 100.000 y u$d 1.000.000, inclusive U$d 30.000
Mayor a u$d 1.000.000 U$d 150.000

Art. 21 – Mantiénense las excepciones al pago de la tasa de estadística para todas las operaciones que, en virtud de normas especiales, se encuentren alcanzadas por dicho beneficio, incluyendo las contempladas en el art. 2 del Dto. 389, del 22 de marzo de 1995, y sus modificatorios y los arts. 26 y 27 del Dto. 690, del 26 de abril de 2002, y sus modificatorios.

Art. 22 – Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de los incs. a) y b) del art. 1 del Dto. 361 del 17 de mayo de 2019.

Art. 23 – Suspéndese, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de los Dtos. 37, del 9 de enero de 1998, y 108 del 11 de febrero de 1999.


TITULO V - Derechos de exportación

Art. 24 – Sustitúyese el art. 1 del Dto. 1.201, del 28 de diciembre de 2018, por el siguiente:

“Artículo 1 – Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2021, un derecho de exportación del cinco por ciento (5%) a la exportación de las prestaciones de servicios comprendidas en el inc. c) del apart. 2 del art. 10 de la Ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones”.

Art. 25 – Derógase el art. 2 del Dto. 1.201 del 28 de diciembre de 2018.


TITULO VI - Disposiciones generales

Art. 26 – Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción del Tít. I, que comenzará a regir de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8, del Tít. III, que lo hará de acuerdo con lo señalado en el art. 19 y de los Títs. IV y V que comenzarán a regir el 1 de enero de 2020.

Art. 27 – De forma.