Ley 10.117 (Pcia. de Córdoba) (p.p.)

LEY 10.117 (Pcia. de Córdoba) (p.p.)
Córdoba, 20 de diciembre de 2012
B.O.: 21/12/12 (Cba.)
Vigencia: 1/1/13, salvo los arts. 20 y 21 que regirán a partir del 21/12/12

Provincia de Córdoba. Código Tributario. Ley 6.006 (t.o. en 2012). Su modificación. Leyes 9.024, 9.187, 9.505 y 10.012. Su modificación. Con las modificaciones de la Ley 10.177 (B.O.: 20/12/13 – Cba.).

-PARTE PERTINENTE-

Art. 1 – Modifícase el Código Tributario provincial - Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria-, de la siguiente manera:

1. Incorpórase como art. 38 bis, el siguiente:

Solidaridad de cesionarios y/o adquirentes

Artículo 38 bis – Los cesionarios y/o adquirentes por boleto de compraventa en los casos de inmuebles de mayor superficie respecto de los cuales la Dirección General de Catastro –en el marco de la Ley Provincial de Catastro– disponga la incorporación de unidades tributarias, responderán en la parte que les corresponda, solidaria e ilimitadamente con el titular registral del inmueble y, si los hubiere, con otros responsables del pago del impuesto inmobiliario, por aquellas obligaciones tributarias que se devenguen y adeuden a partir de la habilitación de la cuenta tributaria provisoria.

La Dirección General de Rentas efectivizará la responsabilidad solidaria cuando el sujeto titular de la cuenta tributaria provisoria no cumpliere la intimación administrativa de pago”.

2. Incorpóranse como últimos párrafos del art. 109, los siguientes:

“Los términos de prescripción establecidos en el art. 108 de este código no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Dirección por algún acto o hecho que los exteriorice en la provincia. Esta norma será de aplicación para el impuesto de sellos.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible cuando al momento de la exteriorización hubieran transcurrido más de diez años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la realización de los hechos imponibles”.

3. Incorpórase como último párrafo del art. 110, el siguiente:

“Sin perjuicio de lo previsto en el inc. a) precedente, con relación a la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la iniciación del sumario a que se refiere el art. 82 de este código, cuando exista formulación de denuncia penal establecida en el art. 20 de la Ley nacional 24.769 por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley, la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los ciento ochenta días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva”.


6. Incorpórase como inc. l) del art. 205, el siguiente:

“l) Los importes en concepto de expensas o contribuciones para gastos –comunes o extraordinarios por cualquier concepto– determinados para su pago por cada propietario o sujeto obligado –directa o indirectamente–, incluyendo las cuotas sociales permanentes y de pago periódico, cuando corresponda, con relación a los inmuebles ubicados en ‘countries’, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados y demás urbanizaciones y, asimismo, los edificios de propiedad horizontal u otros inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o de prehorizontalidad, en todos los casos destinados a vivienda.

No quedan comprendidos en las disposiciones previstas en el párrafo precedente los ingresos adicionales y/o diferenciados, aun cuando fueran liquidados bajo el concepto de expensas o contribuciones, que pudieran generarse por parte del asociado y/o terceros provenientes del uso de instalaciones y/o prestaciones de servicios y/o actividades de diversión y esparcimiento, entre otras”.

7. Incorpórase como inc. 12) del art. 207, el siguiente:

“12) Asesores de Córdoba S.A. (ASECOR)”.

8. Sustitúyese el art. 249, por el siguiente:

Valor indeterminado

Artículo 249 – Cuando el valor de los actos sujetos a impuesto sea indeterminado, las partes deberán estimarlo a continuación del instrumento en que lo formalicen, fundándose en elementos de juicio adecuados. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura, el impuesto se pagará con arreglo al precio corriente en la fecha de otorgamiento del acto.

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al acto o contrato al momento de su realización, pero pueda ser determinado con posterioridad, el monto fijo que establezca la ley impositiva anual será computado a cuenta del impuesto que en definitiva resultare al aplicarse al instrumento el tratamiento fiscal de un contrato con valor determinado. En tal caso, el impuesto que en definitiva corresponda abonar deberá ser repuesto dentro del término de los quince días de haber finalizado el mismo. Si a la finalización del contrato no existiere valor determinable, el importe fijo oblado será considerado como impuesto definitivo, no generando saldo a favor alguno al contribuyente.

Cuando en el contrato o instrumento no se fije el plazo del mismo o dicho plazo sea indeterminado, el impuesto que corresponda por aplicación de lo previsto en el párrafo anterior será determinado considerando una duración de cinco años.

Las disposiciones previstas en el segundo y tercer párrafo del presente artículo no resultan de aplicación a los actos, contratos y operaciones que realicen las instituciones financieras comprendidas en la Ley nacional 21.526, debiéndose abonar el monto fijo como impuesto definitivo en los instrumentos sobre los cuales se carezca de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico atribuible al mismo.

La Dirección podrá impugnar la estimación efectuada por las partes y practicarla de oficio sobre la base de los elementos justificativos que se determinen, si la estimación practicada por ellos careciese de fundamentos justificativos o éstos resultaren falsos”.

9. Incorpórase como inc. 11) del art. 250, el siguiente:

“11) Asesores de Córdoba S.A. (ASECOR)”.


TITULO II - Modificaciones a las Leyes 5.057, 9.024, 9.187, 9.456, 9.505, 9.703 y 10.012


Art. 3 – Modifícase la Ley 9.024 y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1. Sustitúyese el art. 3, por el siguiente:

Competencia territorial

Artículo 3 – Será Tribunal competente el del lugar del bien o actividad gravada, o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, o el del domicilio real o tributario del deudor, a opción del Fisco.

Para las acreencias no tributarias será competente, a opción del Gobierno de la provincia de Córdoba, el Tribunal del lugar en donde se encontrare el bien, el del lugar de comisión de la infracción o el domicilio real del deudor, siempre que los mismos se encuentren dentro de la provincia.

Para los casos en que el domicilio real del deudor se encuentre fuera de la provincia la competencia se regirá por la del lugar donde se hubiere cometido la infracción o tuviere origen la deuda”.

2. Sustitúyese el art. 4, por el siguiente:

Citación del deudor

Artículo 4 – Para el cobro judicial de tributos, su actualización, recargos, intereses y multas, la citación a estar a derecho se practicará en el domicilio tributario del deudor o, en su defecto, en el domicilio real del mismo.

Para las acreencias no tributarias la citación a estar a derecho se practicará en el domicilio real del deudor.

Cuando no se conociere el domicilio del demandado en la provincia o fuere incierto o dudoso, se oficiará al Juzgado Electoral competente y/o al Registro Público de Comercio para que se indique el domicilio del contribuyente.

Agotadas las instancias reseñadas precedentemente, se lo citará por edictos que se publicarán durante cinco días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba únicamente. Si el demandado no compareciere en el plazo de la citación, se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna”.

3. Sustitúyese el art. 5, por el siguiente:

Título base de la acción

Artículo 5 – Será título hábil y suficiente para acreditar la deuda tributaria, a los fines de su ejecución, la liquidación de deuda para juicio expedida por los funcionarios habilitados, que deberá consignar fecha, lugar de emisión, nombre del deudor, domicilio, identificación del bien –en caso de corresponder–, identificación del tributo o concepto, monto, períodos reclamados con sus respectivos vencimientos y firma del funcionario, con aclaración del cargo que desempeña. Será título hábil para acreditar la deuda de tributos determinados y/o multas aplicadas por autoridad administrativa, la copia de la resolución firme que determine la obligación y/o imposición de la sanción, certificada por el funcionario habilitado, con aclaración del cargo que desempeña.

En caso de créditos fiscales verificados judicialmente, será título hábil la correspondiente resolución judicial.

Para las acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la provincia de Córdoba sea parte, será título hábil la resolución de la autoridad competente o el instrumento que acredite la deuda expedido por la Dirección General de Rentas o el organismo que la sustituya en esta función, en las formas y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Los poderes de los representantes del Gobierno de la provincia de Córdoba serán los decretos de sus respectivos nombramientos, quedando acreditada la personería del representante en el cuerpo de la demanda, con la sola invocación juramentada del decreto de su designación, fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial y declaración jurada de su subsistencia”.

4. Sustitúyese el art. 5 ter, por el siguiente:

Acumulación

Artículo 5 ter – Las ejecuciones fiscales contra una misma persona podrán acumularse a pedido de la parte actora, en un solo expediente, antes de la citación de remate.

En tal caso, si el deudor contare con defensas independientes para uno o para alguno de los títulos, se formará, con éstos, cuerpos de copias y cada título tendrá trámite independiente. Si las defensas fueran únicas, se proseguirá en el expediente principal”.

5. Incorpórase como art. 5 quinquies, el siguiente:

Perención de instancia

Artículo 5 quinquies – La perención de instancia sólo podrá ser declarada a petición de parte y se producirá cuando no se instare su curso dentro de los dos años en primera instancia y al año en los procedimientos incidentales y en segunda o ulterior instancia.

No procederá la caducidad antes de la notificación de la demanda ni podrá invocarse a los fines de su declaración el tiempo transcurrido desde la interposición de la misma y hasta su notificación, siempre que el mismo no supere el plazo previsto para que se produzca la prescripción de la deuda cuya ejecución se pretende”.

6. Sustitúyese el art. 10.3, por el siguiente:

Petición inicial

Artículo 10.3 – La ejecución fiscal administrativa se iniciará ante el juez competente por petición de la Dirección General de Rentas en la que se expresarán, según surja del título base de la acción, el nombre del demandado, domicilio tributario, concepto y monto reclamado, especificando –de corresponder– las medidas cautelares u otras medidas alternativas que pudieran trabarse para garantizar el cobro del crédito y fijará domicilio especial para la tramitación del proceso.

Para la petición se podrá utilizar un formulario o impreso que explicite los datos antes enunciados y se acompañara el documento a que se refiere el primer artículo agregado a continuación del art. 10 de la presente ley”.

7. Sustitúyese el art. 10.5, por el siguiente:

Admisión de la petición y requerimiento de pago

Artículo 10.5 – Admitida la petición por el juez competente, mediante providencia que podrá ser suscripta por actuario, se requerirá al deudor para que dentro del plazo fatal de quince días pague y acredite ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones admisibles.

El requerimiento será notificado por la Dirección General de Rentas en la forma prevista en el art. 4 de la presente ley bajo apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer oponiendo excepciones admisibles, quedará expedita la ejecución conforme los términos fijados en el artículo siguiente.

La notificación se efectuará por los medios previstos en el art. 63 del Código Tributario provincial (Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria).

Si la petición inicial de la Dirección General de Rentas no fuere admitida por el juez competente, la decisión de éste será recurrible por la peticionante”.

8. Sustitúyese el art. 10.6, por el siguiente:

Incomparecencia del deudor. Despacho de la ejecución

Artículo 10.6 – Si el deudor requerido no compareciere oponiendo excepciones en el plazo previsto en el art. 10.5 de la presente Ley, quedará expedita la ejecución del crédito, intereses y costas, si las hubiere. La Dirección General de Rentas certificará dicha circunstancia y girará las actuaciones al juzgado competente para su prosecución, en los términos del art. 7 de la presente ley”.

9. Incorpórase como art. 10.7 bis, el siguiente:

Cancelación de la deuda en cuotas

Artículo 10.7 bis – Cuando el ejecutado se acoja a alguna modalidad de pago que implique la cancelación de la deuda en cuotas, la Dirección deberá informar esa situación al Tribunal competente y los plazos se suspenderán de pleno derecho y sin necesidad de resolución alguna.

El acogimiento descripto en el párrafo precedente implicará un allanamiento liso y llano a la demanda impetrada.

En caso de caducidad o desistimiento de la forma de pago que originó la suspensión de los términos, la Dirección formulará una liquidación actualizada de la deuda ejecutada y se correrá traslado por el plazo fatal de tres días a la contraria para que acredite el pago de la deuda. Vencido dicho plazo, la Dirección certificará dicha circunstancia y se proseguirá con la ejecución de deuda”.

10. Sustitúyese el art. 10.10, por el siguiente:

Funcionarios responsables de la tramitación

Artículo 10.10 – Además del Director General de Rentas, la Secretaría de Ingresos Públicos a propuesta de la Dirección General de Rentas, designará los funcionarios que actuarán por ésta en la sustanciación del procedimiento reglado en el presente título. En todos los casos quedará acreditada la personería del funcionario con la invocación juramentada que éste efectúe en la petición inicial del decreto de su designación, fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial y declaración jurada de su subsistencia”.

Art. 4 – Modifícase la Ley 9.187, de la siguiente manera:

1. Incorpórase como segundo párrafo del art. 2, el siguiente:

“La Secretaría de Ingresos Públicos ejercerá la superintendencia general sobre la Dirección de Policía Fiscal y, por vía de avocamiento, las funciones que el Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria– y la presente ley establecen para la citada Dirección”.

2. Sustitúyese el art. 7, por el siguiente:

Administración

Artículo 7 – La Dirección de Policía Fiscal estará a cargo de un director designado y removido por el Poder Ejecutivo, el que debe ser contador público o abogado, con no menos de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, tener treinta años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal, o que el Poder Ejecutivo determine específicamente.

El director de Policía Fiscal será secundado en sus funciones por dos subdirectores, los cuales también serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo y deben reunir los mismos requisitos establecidos para aquél”.


4. Sustitúyese el inc. i) del art. 10, por el siguiente:

“i) Ejercer, con carácter de juez administrativo, las funciones que en tal carácter requieran el Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria– y/o leyes tributarias especiales”.

5. Incorpórase como inc. m) del art. 10, el siguiente:

“m) Designar funcionarios de la Dirección de Policía Fiscal como juez administrativo para ejercer las funciones que en tal carácter requieran el Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria– y/o leyes tributarias especiales”.

6. Incorpórase como último párrafo del art. 10, el siguiente:

“En caso de enfermedad, impedimento, ausencia, muerte o renuncia del director de Policía Fiscal, las facultades previstas en el presente artículo podrán ser ejercidas por el Subdirector que a tal efecto disponga el secretario de Ingresos Públicos”.


Art. 8 – Sustitúyese el segundo párrafo del art. 2 de la Ley 9.505 y sus modificatorias, por el siguiente:

“Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2012 atribuible a la totalidad de actividades desarrolladas –incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas–, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de pesos veintiocho millones ochocientos mil ($ 28.800.000). Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2013 corresponderá la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. Cuando resulte de aplicación la excepción prevista en este artículo, el beneficio se aplicará con el alcance del inciso 23) del artículo 208 del Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria–”.


Art. 11 – Modifícase la Ley 10.012, de la siguiente manera:

1. Incorpórase como penúltimo párrafo del art. 6, el siguiente:

“Establécese para aquellos casos de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos eximidos de la obligación de presentar declaración jurada mensual y/o cuando la totalidad del impuesto correspondiente a la actividad desarrollada hubiese sido objeto de retención y/o percepción, que los agentes de retención y/o percepción serán los responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del art. 34 del Código Tributario provincial –Ley 6.006 – t.o. en 2012 y su modificatoria-, el importe del aporte obligatorio establecido en el inc. a) del art. 5 de la presente ley que le corresponde a los mencionados contribuyentes. Las actividades comprendidas en este párrafo serán las establecidas por la Dirección General de Rentas, la que se encontrará facultada para disponer las condiciones y/o formalidades a considerar, tendientes a individualizar la correcta liquidación del aporte”.

2. Sustitúyese el art. 7, por el siguiente:

Carácter. Determinación

Artículo 7 – Establécese, con carácter transitorio y hasta el 31 de diciembre de 2015, un aporte destinado a integrar el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la provincia de Córdoba –Ley 9.870–, a realizar por:

a) Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos –locales y de Convenio Multilateral–, que se calculará aplicando el cinco por ciento (5%) sobre el citado impuesto determinado, o el mínimo previsto en la ley impositiva en caso de corresponder, para cada anticipo mensual. Asimismo, dicho porcentaje resultará de aplicación sobre el importe previsto para los contribuyentes encuadrados en el régimen especial de tributación del art. 213 del Código Tributario provincial –Ley 6006 - t.o. en 2012 y su modificatoria–.

El agente de retención y/o percepción del citado impuesto, a los fines de efectuar la liquidación e ingreso del aporte en los términos del penúltimo párrafo del art. 6 de la presente ley, deberá aplicar el cinco por ciento (5%) sobre el importe retenido y/o percibido.

b) Los contribuyentes del impuesto inmobiliario básico –correspondiente a propiedades urbanas–, que se determinará de la forma que se indica a continuación, no pudiendo sufrir descuentos especiales:

Impuesto inmobiliario básico
–propiedades urbanas–
determinado
Pagarán como
aporte adicional
al fondo el
De más de $
Hasta $
-
0,00
234,10
7,00%
234,10
281,93
8,50%
281,93
507,61
9,00%
507,61
1492,38
10,50%
1492,38
2784,88
12,00%
2784,88
5017,02
13,50%
5017,02
8053,38
15,00%
8053,38
-
16,50%


TITULO III - Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (1)

(1) Denominación del título sustituida por Ley 10.177, art. 6, inc. 1 (B.O.: 20/12/13 – Cba.). Vigencia: 1/1/14. El texto anterior decía:

TITULO III - Fondo de infraestructura para municipios y/o comunas”.

Creación

Art. 12 (1) – Créase, por el término de cuatro años, el “Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales”, el que estará destinado a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, educativa, de la salud, de vivienda, vial u otras alternativas conforme lo prevea expresamente la reglamentación, en ámbitos urbanos o rurales.

(1) Artículo sustituido por Ley 10.177, art. 6, inc. 2 (B.O.: 20/12/13 – Cba.). Vigencia: 1/1/14. El texto anterior decía:

“Artículo 12 – Créase, por el término de cuatro años, el ‘Fondo de Infraestructura para Municipios y/o Comunas’, el que estará destinado a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, educativa, de la salud, de vivienda o vial de municipios y/o comunas en ámbitos urbanos o rurales”.

Integración

Art. 13 (1) – El Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales, se integrará con los siguientes recursos:

a) El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural, por un importe equivalente al dos coma diez por ciento (2,10%) de la base imponible de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales;

b) los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;

c) los recursos que el Estado nacional, provincial y/o municipal pudieren aportar; y

d) los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del aporte que por la presente ley se establece.

(1) Artículo sustituido por Ley 10.177, art. 6, inc. 3 (B.O.: 20/12/13 – Cba.). Vigencia: 1/1/14. El texto anterior decía:

“Artículo 13 – El Fondo de Infraestructura para Municipios y/o Comunas, se integrará con los siguientes recursos:

a) El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural, por un importe equivalente al dos coma diez por ciento (2,10%) de la base imponible de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales;

b) los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;

c) los recursos que el Estado nacional, provincial y/o municipal pudieren aportar; y

d) los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del aporte que por la presente ley se establece”.

Excepciones

Art. 14 – Exceptúanse del pago del aporte previsto en el inc. a) del art. 13 de esta ley, a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o responsables exentos del impuesto inmobiliario rural o gocen de beneficios impositivos dispuestos para determinadas zonas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agropecuario, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde se haya declarado dicho estado.

Recaudación

Art. 15 – Los fondos recaudados serán administrados por el organismo a cargo que anualmente indique la ley de presupuesto.

La recaudación del aporte previsto en el inc. a) del art. 13 de la presente ley se efectuará conjuntamente con el impuesto inmobiliario rural, debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto al organismo que tuviera su cargo la administración, según lo indicado precedentemente.

Afectación

Art. 16 – Establécese que los importes que ingresan al Fondo según lo previsto en el art. 13 de la presente ley serán afectados a municipios y/o comunas.

Disposiciones complementarias

Art. 17 – Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la liquidación y/o aplicación del aporte a que se refiere el inc. a) del art. 13 de la presente norma.

Sanciones

Art. 18 – El incumplimiento de la obligación prevista en el inc. a) del art. 13 de la presente ley generará la aplicación de recargos, accesorios y demás sanciones que el Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria– prevé para los tributos.

Adecuación presupuestaria

Art. 19 – Facúltase al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas o del organismo que en futuro lo sustituyere, efectúe las adecuaciones presupuestarias y/u operativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.


TITULO IV - Otras disposiciones

Art. 20 – Establécese la caducidad de los beneficios impositivos otorgados en el marco de los regímenes de promoción industrial, turístico, regional y/o sectorial o de otra clase por el cual se conceden beneficios impositivos de cualquier índole, vigentes o a crearse en el futuro, para el beneficiario que resultando designado como agente de retención, percepción y/o recaudación de tributos provinciales, mantenga en su poder importes derivados de su actuación como tal después de haber vencido el plazo para su ingreso al Fisco e incumpla con la intimación de pago efectuada por la Dirección General de Rentas.

Art. 21 – En caso de incumplimiento de la intimación de pago a que hace referencia el art. 20 de esta ley, la Dirección General de Rentas notificará a la autoridad de aplicación la causal de pérdida de los beneficios impositivos para el beneficiario, y mediante el procedimiento previsto en el art. 56 del Código Tributario provincial –Ley 6.006, t.o. en 2012 y su modificatoria– intimará el pago de los impuestos no ingresados con más su actualización e intereses, en el marco del régimen de promoción que corresponda.

La intimación de pago de los importes previstos en el párrafo anterior serán procedentes sin perjuicio de que subsistan los actos administrativos mediante los cuales la autoridad de aplicación haya acordado los beneficios al proyecto promovido.

Art. 22 – Establécese que los importes previstos en los arts. 18 y 19 de la ley impositiva vigente para la anualidad 2013 o los que lo sustituyan en el futuro, deberán ser actualizados anualmente tomando como referencia, entre otros, el índice que mida la variación de precios ocurrida en el período fiscal, con la participación de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM).

Art. 23 – Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar valores unitarios básicos diferenciados de la tierra en los siguientes casos:

a) inmuebles comprendidos en el art. 17 de la Ley 5.057;

b) inmuebles rurales que se encuentren ubicados en la zona de influencia de centros urbanos y/o turísticos; y

c) inmuebles rurales a los que se hayan incorporado sistemas de riego u otras obras que modifiquen sustancialmente la productividad de la tierra, sin que esta situación haya sido contemplada en la fijación de los valores unitarios básicos.

Los nuevos valores fijados en función de lo establecido en los incisos anteriores quedan comprendidos dentro de la excepción prevista en el inc. a) del art. 23 de la Ley 5.057 y sus modificatorias y serán de aplicación a partir de la fecha de su fijación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 7 de la presente ley.

Art. 24 – La presente ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2013, a excepción de sus arts. 20 y 21 que comenzarán a regir el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba.

Art. 25 – De forma.