Resolución General I.G.J. 7/05

RESOLUCION GENERAL I.G.J. 7/05
Buenos Aires, 23 de agosto de 2005
B.O.: 25/8/05

Inspección General de Justicia. Normas. Con las modificaciones de las Res. Grales. I.G.J. 10/05 (B.O.: 9/11/05), 5/06 (B.O.: 27/7/06), 7/06 (B.O.: 16/8/06), 2/07 (B.O.: 24/10/07), 6/07 (B.O.: 1/11/07), 2/08 y 4/08 (B.O.: 7/11/08), 2/09 (B.O.: 13/3/09), 3/11 (B.O.: 23/11/11), 5/12 (B.O.: 26/3/12), 8/12 (B.O.: 17/4/12) y 13/12 (B.O.: 13/12/12).

Nota: corresponde a las enmiendas aprobadas por la Res. Gral. I.G.J. 2/09, art. 8 (B.O.: 13/3/09). Anteriormente correspondía a las enmiendas aprobadas por la Res. Gral. I.G.J. 10/05, art. 4 (B.O.: 9/11/05), al articulado del Anexo “A” y a la parte dispositiva de la norma.

VISTO: la Res. Gral. I.G.P.J. 6/80, aprobatoria de las Normas de la Inspección General de Justicia, y las demás resoluciones generales dictadas por el organismo en el marco de su competencia legal; y

CONSIDERANDO:

Que la Res. Gral. I.G.P.J. 6/80 dividió en capítulos la regulación, como materias fundamentales, de las sociedades por acciones (Caps. II a XII) y las asociaciones civiles y fundaciones (Cap. XIII), además de incluir como disposiciones generales (Cap. I) las formalidades a ser cumplidas por todos los entes sujetos al contralor del organismo.

Que el art. 4 de dicha resolución general estableció que las futuras resoluciones generales a ser dictadas con posterioridad a aquélla, habrían de prever su inmediata incorporación a las Normas del organismo aprobadas por aquélla, mediante el agregado o reforma de los incisos necesarios, o mediante la creación de nuevos artículos (bis, ter, etc.), de modo de mantener ordenada la sucesiva normativa reglamentaria en un texto único y dentro de la estructura con que éste fue concebido.

Que desde el dictado de aquellas Normas en 1980 hasta el presente, ha transcurrido cerca de un cuarto de siglo y en tan dilatado lapso fueron dictadas numerosas resoluciones generales, sin que por distintas circunstancias haya sido observado, salvo en casos aislados, lo que se preceptuara en el citado art. 4 para mantener unificada la reglamentación.

Que diversas resoluciones generales procuraron la estructuración de un texto único de alcances análogos a los de la Res. Gral. I.G.P.J. 6/80, las cuales por diversas circunstancias, no llegaron a ser puestas en vigencia (Res. Grales. I.G.J. 5/92 y 3/97).

Que asimismo, otras resoluciones generales, que tampoco rigieron, las 4/92 y 1/94, incorporaron la regulación del Registro Público de Comercio, también incluida en las antes citadas 5/92 y 3/97 y que no se hallaba como tal orgánicamente contemplada en las Normas de 1980.

Que sin agotar la enumeración ni adoptar una secuencia cronológica dada la diversidad de materias y oportunidades alternadas en que algunas de ellas han sido tratadas, además de las normas de contenido amplio que han sido citadas en los considerandos anteriores, pueden ser mencionadas otras que, aun circunscriptas a determinadas temáticas, han asumido significativa importancia y han sido tenidas en consideración en numerosos sentidos para la elaboración de las presentes Normas.

Que en esa mención cabe incluir resoluciones generales tales como las 2 y 3 de 1987 –que reglamentaron el denominado “trámite precalificado” originado, como mejora de los servicios del organismo, en los Convenios de Cooperación Técnica y Financiera nacidos al amparo de las Leyes 23.383 y 23.412–, que fueron objeto de otras normas ampliatorias o complementarias (Res. Grales. 8/87, 4/88, 6/90, 6/98); las Res. Grales. 17/91 y modificatorias y 20/91 sobre trámites de denuncias y régimen de notificaciones; las 7/87, 6/91, 1/92, 5/00, 2/01, en materia –no prevista en las Normas de 1980– de matrículas de martilleros y corredores; las 2/86 y 2/97 sobrellevado por medios computarizados del registro de acciones nominativas no endosables o escriturales autorizado por el art. 6 del Dto. 259/96; la 8/93 sobre empresas binacionales argentino-brasileñas; la Res. Gral. 7/95 sobre individualización y rúbrica de libros de comercio y otros, objeto de modificaciones por Res. 3/98 y 11/04 y complementada también por la 9/98 sobre información de antecedentes de rúbricas; la Res. Gral. 4/98 sobre ordenamiento de libros para efectuar las correspondientes inscripciones en el Registro Público de Comercio requeridas por la legislación sustantiva; la 5/98 sobre la forma de pago de las multas impuestas por el organismo conforme a los arts. 302 de la Ley 19.550 y 14 de la Ley 22.315; la 4/01 sobre la admisibilidad de la inclusión de cláusulas de jurisdicción arbitral para la solución de controversias en sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y contratos de colaboración empresaria; las Res. 8/02 y 16/02, por las que fue instituido un trámite de carácter urgente para determinadas inscripciones registrales, autorizaciones o aprobaciones, libramientos de oficios, toma de conocimiento de cambios de autoridades y sede social de entidades de bien común y rúbrica de libros de comercio; la Res. 3/03 por la cual se establecieron criterios de interpretación de disposiciones contenidas en distintas resoluciones generales, especialmente las propias Normas de 1980 (Res. Gral. I.G.P.J. 6/80), y se clarificaron y ajustaron recaudos instrumentales y de contenido de documentos, dictámenes de precalificación y otros elementos para fines registrales; las Res. 7, 8 y 12 de 2003 sobre registración de sociedades constituidas en el extranjero, investigación de actos de las mismas calificados unilateralmente como aislados y adecuación de dichas sociedades al derecho argentino mediante su regularización, en supuestos de verificarse su encuadramiento en alguno de los extremos del art. 124 de la Ley 19.550; la Res. 22/04 que habilitó la posibilidad de que las denominadas sociedades “vehículo” pudieran inscribirse a los efectos de los arts. 118 y 123 de la Ley 19.550 sin cumplir ellas con la normativa pertinente de la resolución 7/03; las Res. 2, 3 y 4 del corriente año sobre diversas cuestiones tales como la inadmisibilidad registral de las sociedades “off shore” salvo su adecuación a la ley nacional, la admisión restrictiva de aquellas provenientes de jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación o no colaboradoras en la lucha contra el “lavado de dinero” y el crimen transnacional, medidas de cancelación judicial de sociedades en infracción (Res. 2), publicidad prerregistral e individualización de socios afín a la requerida a sociedades nacionales (Res. 3) y notificaciones vinculantes y actuación necesaria de representantes inscriptos (Res. 4); la Res. 11/03 sobre registración de la cesación por renuncia de administradores de sociedades locales y representantes de sucursales de extranjeras; la 2/04 por la cual fueron sustituidas algunas normas de la Res. 17/91 sobre tramitación de denuncias relativas a entidades de bien común y se instituyó un procedimiento simplificado ajustado a principios de concentración y economía procedimental; la Res. 5/04, por la cual se posibilitó un procedimiento de cancelación sin previa liquidación de la inscripción de sociedades inactivas; las 6 y 7 del mismo año referidas a requisitos de la denominación de las asociaciones civiles y fundaciones, la fijación efectiva de su sede social, la comprobación de su desenvolvimiento para el cumplimiento de sus objetivos mediante visita de inspección previa a decidir sobre el otorgamiento de personería jurídica y la titularidad de participaciones en sociedades; la Res. 9/04 sobre los requisitos del objeto de las sociedades; la 12/04 sobre el cambio de la sede social –sin modificación estatutaria o contractual– de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y la exigencia de su efectividad como centro de la dirección y administración de los negocios sociales; la 13/04 relativa a recaudos de las publicaciones en el Boletín Oficial; la 17/04 sobre la organización por medios informáticos de libros índices alfabéticos de personas inhabilitadas por quiebra y de altas y bajas de designaciones de administradores de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones; la 18/04 por la que se estableció un modo opcional de integración de aportes dinerarios y conformación también dineraria del patrimonio social inicial en la constitución de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada y de asociaciones civiles y fundaciones, respectivamente; la 20/04 –modificada por la siguiente 21/04– sobre inscripción de la designación de administradores sociales y constitución de garantías de quienes lo sean de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada; la 25/04 por la que se estableció la obligatoriedad de la emisión de acciones liberadas sobre la cuenta de “ajuste de capital” con carácter previo al aumento efectivo del capital social, el modo de tratamiento de los resultados sociales y la reglamentación de los denominados “aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones”; y la 28/04 sobre confirmación de acuerdos sociales viciados, entre las principales.

Que las Normas que se dictan consolidan con variaciones no sustancialmente significativas la normativa a que se ha hecho mención, por lo que cabe reconocer que se mantiene básicamente inspirada en los motivos o fundamentos de aquella, a los cuales corresponde en consecuencia remitirse.

Que las soluciones particulares que portan algunas de las disposiciones, provienen de la jurisprudencia administrativa y judicial que esta Inspección General de Justicia está facultada a aplicar y sus fundamentos se hacen extensivos a estas Normas. Tales, por vía de ejemplo, los criterios que se adoptan en orden a la exigencia de pluralidad sustancial de socios en la constitución de las sociedades y circunstancias sobrevinientes a ella, sociedades de profesionales, cláusulas sobre poderes generales de administración y disposición, valuación especializada de determinados bienes aportados en la constitución de la sociedad o el aumento de su capital, improcedencia de la denominada “operación acordeón” como mecanismo para operar la variación del capital social, legitimación del director cesante para instar la respectiva registración, improcedencia de determinadas reorganizaciones de las que resulta patrimonio neto negativo, posibilidad de regularización de la sociedad civil de hecho, improcedencia de la reconducción cuando la causal disolutoria que se pretende remover tiene carácter de sanción, calidad de persona física del representante de sociedad constituida en el extranjero, suficiencia de la inscripción practicada conforme al art. 118, tercer párrafo, de la ley de sociedades a los fines de la participación en sociedad local, criterios de apreciación del carácter principal de la actividad de las sociedades del exterior, efectos vinculantes de la sede social inscripta por dichas sociedades, suplencia de la falta de certificación previsional en transferencias de fondos de comercio, exigencia de que las asociaciones civiles y fundaciones desarrollen sus principales actividades en la jurisdicción donde fueron autorizadas, confirmación de asambleas y reuniones del consejo de administración de dichas entidades cuando han padecido vicios, régimen de impugnación de actos de sus órganos, entre otros.

Que recogiendo la práctica administrativa derivada de la necesidad de atender a trámites registrales no previstos en las Normas de 1980, a partir del año 2001, en el marco de la Carta Compromiso con el Ciudadano que la Inspección General de Justicia suscribiera, fueron elaboradas diversas ediciones de una Guía de Trámites que también constituye un antecedente de las presentes Normas, toda vez que, sin reemplazar a aquéllas de 1980, completó algunos de sus aspectos no cubiertos, especialmente en materia registral, tales como las inscripciones en el Registro Público de Comercio de la constitución y reforma de sociedades de responsabilidad limitada y de personas, el nombramiento y cesación de administradores sociales, la regularización de sociedades, la liquidación y cancelación de su inscripción, la cesión y constitución de derechos reales sobre cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, las declaratorias de herederos, particiones hereditarias y liquidación de la sociedad conyugal, medidas cautelares, contratos de colaboración empresaria y transferencias de fondos de comercio, como así también inscripciones en la matrícula de comerciantes individuales y agentes auxiliares y de autorizaciones.

Que tales materias han sido objeto de reglamentación en estas Normas, dando así carácter formal a la mencionada fuente aportada por la práctica seguida en el organismo.

Que en materia contable, con las salvedades que se establecen, siguiendo la práctica existente, las disposiciones que se dictan comportan –con algunas salvedades que se establecen y sin perjuicio del tratamiento especial de otras cuestiones (aportes irrevocables, emisión previa de acciones liberadas sobre cuentas de capital, etc.)– la recepción de las normas técnico-profesionales dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, en la medida de su acogimiento para la profesión contable en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta jurisdicción; además de receptarse algunas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores, tal como acontece en materia de discontinuación de la contabilización de revalúos técnicos de bienes de uso.

Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variedad de las regulaciones que fueron siendo dictadas y otros antecedentes como los que han sido señalados, así como las dificultades metodológicas que a esta altura acarrearía su inserción en el originario texto de las Normas de 1980, en el que tampoco quedó receptada la reforma societaria de 1983, resulta aconsejable procurar poner límite a la dispersión existente y tomar como nuevo punto de partida un reglamento único que en un plazo prudencial sustituya a las Normas de 1980 y a la normativa que las siguió y pueda ser utilizado, a su vez, de base más actualizada para futuras modificaciones, ello acorde con las exigencias más dinámicas del tráfico mercantil y su encauzamiento jurídico, con las cuales esta Inspección General de Justicia debe hallarse consustanciada.

Que sin perjuicio de ello y atendiendo al temperamento seguido en ocasión de las nombradas Normas de 1980, por las particularidades que presentan los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados y la sustancia legislativa que le ha sido reconocida a las reglamentaciones federales del organismo en esa materia, debe mantenerse separada su regulación, tal como ha sido consolidada en el texto aprobado por la Res. Gral. I.G.J. 26/04.

Por ello, y lo dispuesto por los arts. 4, 11 y 21 de la Ley 22.315 y los arts. 1 y 2 y ccs. del Dto. 1.493/82,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Art. 1 – Aprobar las Normas de la Inspección General de Justicia que, como Anexo “A”, son parte de la presente resolución.

Art. 2 – Dentro de los treinta días de publicada la presente serán aprobados y publicados los anexos siguientes a que se hace referencia en las Normas:

1. El Anexo I sobre formularios de actuación a utilizar en los diferentes trámites (aprobados oportunamente por la Res. ex S.J. 166/87 y a los cuales hace mención el art. 2 de estas Normas), el cual sustituirá oportunamente al actual anexo de la Res. Gral. I.G.J. 3/87, modificado por la Res. Gral. I.G.J. 6/98.

2. El Anexo II sobre dictámenes de precalificación requeridos para diversos trámites contemplados en estas Normas, el cual sustituirá oportunamente al actual anexo de la Res. Gral. I.G.J. 2/87.

3. El Anexo III denominado “Anexo de trámites urgentes”.

4. El Anexo VII denominado “Estado de capitales y forma de integración del aumento”, el cual sustituirá oportunamente al anexo previsto por el art. 43 de las Normas aprobadas por la Res. Gral. I.G.P.J. 6/80, modificado por la Res. Gral. I.G.J. 4/87.

5. El Anexo XIV denominado “Estatuto tipo de asociación civil”.

6. El Anexo XV denominado “Estatuto tipo de fundación”.

Art. 3 – Mantiénense los anexos siguientes de la normativa actualmente vigente, los cuales al efecto del ordenamiento en estas Normas y eventuales modificaciones que puedan requerir quedan numerados como sigue y se reproducirán con dicha numeración:

1. El Anexo “A” de la Res. Gral. I.G.J. 10/03, como Anexo IV de estas Normas

2. El Anexo II de la Res. Gral. I.G.J. 20/91, como Anexo V.

3. Los Anexos “A” y “B” de la Res. Gral. I.G.J. 4/01, como Anexos VI y VIII, respectivamente

4. Los Anexos II, III, IV, V (éste modificado por la Res. Gral. I.G.J. 11/04) y VI de la Res. Gral. I.G.J. 7/95, como Anexos IX, X, XI, XII y XIII, respectivamente.

Dentro del plazo indicado en el artículo anterior se procederá a la publicación de la reproducción de estos anexos bajo la nueva numeración que se les asigna.

Art. 4 – Las Normas que se aprueban entrarán en vigencia a los ciento ochenta días de su publicación en el Boletín Oficial, oportunidad en la cual, con las salvedades que sobre sus anexos resultan del artículo anterior y las que se efectúan en los artículos siguientes, sustituirán a la Res. Gral. I.G.P.J. 6/80 y a las resoluciones generales dictadas a partir de ella en ejercicio de las funciones y atribuciones resultantes de las Leyes 19.550, 22.315, el Dto. 1.493/82 y toda otra disposición legal o reglamentaria que las prevea, excluidas la Res. Gral. I.G.J. 26/04 y toda otra normativa que, en la materia de la misma –sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados– la modifique y/o complemente y haya sido dictada o se dicte en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 9 de la Ley 22.315.

Nota: por Res. Gral. I.G.J. 1/06 (B.O.: 14/2/06) se dejó constancia expresa de que la presente norma entra en vigencia a partir del 21/2/06.

Art. 5 – La normativa que habrá de sustituirse será de aplicación a los trámites iniciados y en curso a la fecha de la presente resolución y a los que se inicien durante el lapso indicado en el artículo anterior y regirá a unos y otros los mismos hasta su conclusión, aun cuando ésta deba producirse con posterioridad a la entrada en vigencia de estas Normas.

“Queda” (*) a salvo, no obstante el derecho de los interesados a solicitar, en trámites de inscripciones en el Registro Público de Comercio, la aplicación de disposiciones de estas Normas que consideren de carácter más favorable a la procedencia de sus pretensiones.

(*) Corresponde a las enmiendas aprobadas por la Res. Gral. I.G.J. 10/05, art. 4 (B.O.: 9/11/05), a la parte dispositiva de la norma.

Art. 6 – Establécense las siguientes normas transitorias:

1. Las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada que con anterioridad a la vigencia de estas Normas no han reformado sus estatutos y contratos en la oportunidad y forma previstas por el art. 1, incs. 4, 5 y 6, de la Res. Gral. I.G.J. 1/05, deberán adecuar las estipulaciones de los mismos a lo requerido en el art. 75 de las Normas que se aprueban en ocasión de la primera modificación que dispongan a partir de la vigencia de ellas.

2. Sin perjuicio de lo que se establece en el Libro IV, mantendrán ultraactividad aquellas resoluciones generales que hayan establecido la forma de presentación de determinados estados contables que correspondan a ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la vigencia de estas Normas y que se presenten a partir de entonces. Se comprenden especialmente las presentaciones de estados contables expresamente contemplados por las Res. Grales. I.G.J. 2/02 y 11/02, ésta segunda hasta la vigencia y aplicabilidad de la Res. Gral. I.G.J. 4/03 en la forma que ésta última prevé.

3. Los aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones recibidos con anterioridad a la vigencia de la Res. Gral. I.G.J. 25/04 (22 de diciembre de 2004) y en relación con los cuales, a la fecha de la presente resolución, no haya recaído decisión social sobre su capitalización, deberán ser objeto de tal decisión dentro de los ciento ochenta días previsto en el art. 4, a cuyo fin y con efecto al 8 de agosto de 2005, tiénese por prorrogado, hasta la entrada en vigencia de estas Normas, el plazo previsto en el art. 4 de la Res. Gral. I.G.J. 1/05. Vencida la prórroga sin haberse resuelto la capitalización de los aportes, será de aplicación lo dispuesto en el art. 271 de las Normas que se aprueban.

El sometimiento a decisión sobre la capitalización de aportes comprendidos en este artículo y que no fueron objeto de la misma con anterioridad al 8 de agosto de 2005, requiere el consentimiento expreso y por escrito del aportante con derecho a su restitución.

4. En los trámites de adecuación a la legislación argentina regidos por la Res. Gral. I.G.J. 12/03 no se requerirá la acreditación de la cancelación de la inscripción de la sociedad en su anterior jurisdicción ni tendrán lugar los efectos previstos para su incumplimiento por dicha norma –art. 2, inc. 4, subinc. e), párrafos segundo y tercero–.

5. Las solicitudes de aprobación de revalúos técnicos que se efectúen a partir de la publicación de estas Normas deberán hacerse expresamente a los efectos establecidos en el art. 275, párrafo segundo, de las Normas que se aprueban.

6. Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de estas Normas cuenten con autorización de uso de registros contables por los medios previstos en el art. 61 de la Ley 19.550, deberán en su caso adecuar los mismos a los requerimientos contenidos en el Tít. II del Libro IV, a partir del ejercicio económico inmediato siguiente a la vigencia de estas Normas, incorporando las modificaciones necesarias para cumplimentar los requisitos establecidos y efectuando si fuere menester las presentaciones necesarias.

Dentro de los treinta días de publicada la presente, las Jefaturas de Departamento deberán informar sobre la existencia de situaciones transitorias no previstas en los incisos anteriores ni susceptibles a su criterio de ser tratadas analógicamente, si las hubiere, elevando el proyecto de norma necesaria para atender a las mismas.

Art. 7 – A fin de atender a eventuales situaciones no previstas, la Inspección General de Justicia podrá aplicar en los actos librados a su competencia que correspondan, cualquiera sea el carácter de éstos, la doctrina, criterios y jurisprudencia emergente de sus resoluciones generales y particulares y dictámenes anteriores a las presentes Normas, en todo cuanto ello no sea incompatible con las mismas.

Sin perjuicio de ello, las Jefaturas de Departamento deberán también cada vez que lo entiendan oportuno, elevar al Inspector General de Justicia los proyectos de normas complementarias, modificatorias, aclaratorias o de enmiendas que estimen necesarias.

Art. 8 – Delégase en las Jefaturas de Departamento en los términos del art. 21, inc. d), de la Ley 22.315, la emisión de las instrucciones de servicio necesarias para la interpretación de las presentes Normas y para cubrir aquellos aspectos procedimentales y formales no previstos en ellas ni en la normativa legal y reglamentaria de aplicación supletoria, con el objeto de la mayor agilidad y flexibilidad en el cumplimiento de los trámites.

Art. 9 – Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4 mantendrán vigencia las resoluciones de cualquier carácter que fueren, que hayan establecido recaudos de emisión de documentación (certificaciones de inscripciones, testimonios de resoluciones particulares, constancias de rúbricas, autorizaciones de revalúos técnicos y llevado de registros por medios mecánicos, u otra) en condiciones de seguridad.

Art. 10 – A los fines de procurar el mantenimiento de una reglamentación única conformada por las Normas aprobadas por la presente, las sucesivas resoluciones generales de alcances permanentes que sean dictadas en ejercicio de las funciones y atribuciones resultantes de las Leyes 19.550, 22.315, el Dto. 1.493/82 y toda otra disposición legal o reglamentaria que las contemple, deberán prever su incorporación a estas Normas, indicándose al efecto con precisión el Libro, Título, Capítulo, Sección y Parte adonde corresponda insertar el articulado respectivo identificando el mismo –en los casos que no consistan en reformas al existente– de forma que lo diferencie suficientemente sin alterar la correlatividad (bis, ter, quater, etcétera).

Cuando la cantidad y entidad de las modificaciones lo ameriten, se publicará –oportunamente– un texto ordenado y actualizado de las Normas.

Art. 11 – De forma.


ANEXO “A” - Normas de la Inspección General de Justicia


ANEXO I - Formularios de aranceles de actuación a utilizar según trámite


ANEXO II - Dictámenes de precalificación. Profesional o profesionales habilitados a su firma según trámite


ANEXO III - Trámites urgentes. Trámites comprendidos y aranceles


ANEXO IV - Reintegro de aranceles por desafectación de “trámite urgente”. Procedimiento. Planilla (art. 52, Normas de la Inspección General de Justicia)


ANEXO V - Cédula de notificación


ANEXO VI - Cláusula arbitral para estatutos de sociedades por acciones y contratos de sociedad de responsabilidad limitada


ANEXO VII - Informe sobre estado de capitales y su aumento y forma de integración (art. 96, Anexo “A”, Res. Gral. I.G.J. 7/05)


ANEXO VIII - Cláusula arbitral para contratos de colaboración empresaria


ANEXO IX - Foja especial de rúbrica


ANEXO X - Oblea de rúbrica


ANEXO XI - Códigos de sujetos y contratos requirentes de individualización y rúbrica de libros


ANEXO XII - Código de información sobre libros en solicitudes de individualización y rúbrica de libros


ANEXO XIII - Reimpresión de obleas. Desarchivo de trámites. Informes


ANEXO XIV - Estatuto tipo de asociación civil


ANEXO XV - Estatuto tipo de fundación


ANEXO XVI (1) - Reglamento de actuación de los inspectores de Justicia en las asambleas de las sociedades por acciones

(1) Anexo incorporado por Res. Gral. I.G.J. 7/06, art. 1 (B.O.: 16/8/06). Aplicación: los inspectores de Justicia comenzarán a ajustar a dicho reglamento su actuación en las asambleas a las cuales concurran a partir del 1 de diciembre de 2006.

Nota: por Res. Gral. I.G.J. 7/06, art. 3 (B.O.: 16/8/06), se establece que, sin perjuicio de tal actuación y del informe que de ella debe efectuarse (art. 154, apart. I, del Anexo “A” de la Res. Gral. I.G.J. 7/05 –“Normas de la Inspección General de Justicia”–), los inspectores de Justicia deberán presentar a la Jefatura del Departamento Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica el análisis de aquellas circunstancias o situaciones que hayan advertido durante su desempeño en las asambleas y que estimen que, por su importancia y recurrencia o generalización, y sus posibles efectos legales, deberían ser tomadas en consideración con vistas a la oportuna modificación, ampliación o reformulación del contenido del reglamento que se aprueba.