Ley 17.454

TITULO I - Disposiciones generales

CAPITULO I - Clases

Principio general

Art. 319 (1) – Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable.

Cuando leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario. Cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable.

En estos casos, así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución será irrecurrible.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 319 – Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autoriza al juez a determinar la clase de proceso aplicable.

Cuando la controversia versare sobre derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumario o sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable.

En estos casos, así como en todos aquéllos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución será irrecurrible y, dentro de los cinco días de notificada personalmente o por cédula la providencia que lo fije, el actor podrá ajustar la demanda a ese tipo de proceso”.

Juicio sumario

Art. 320 – Derogado por Ley 25.488, art. 3 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. Su texto decía: “Tramitarán por juicio sumario:

1. Los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado exceda de la suma de $ 800.000 y no exceda de $ 13.000.000.

2. Cualquiera sea su monto, las controversias que versen sobre:

a) pago por consignación;

b) división de condominio;

c) cuestiones entre copropietarios surgidas de la administración, y las demandas que se promovieren por aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal, salvo cuando las leyes especiales establecieren otra clase de procedimiento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 623 ter;

d) cobro de crédito por alquileres de bienes muebles;

e) cobro de medianería;

f) cumplimiento y resolución de contrato o boleto de compraventa de imuebles;

g) cuestiones relacionadas con restricciones y límites del dominio o sobre condominio de muros y cercos y, en particular, las que se susciten con motivo de la vecindad urbana o rural;

h) obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas;

i) suspensión del ejercicio de la patria potestad y suspensión y remoción de tutores y curadores;

j) pedido de fijación del plazo de cumplimiento de la obligación cuando no se hubiere señalado en el acto constitutivo, o si se hubiere autorizado al deudor para satisfacerla cuando pudiere o tuviere medios para hacerlo, siempre que no se tratare de título ejecutivo;

k) daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos;

l) cuestiones relacionadas con el incumplimiento del contrato de transporte;

m) cancelación de hipoteca o prenda;

n) restitución de cosa dada en comodato.

3. Los demás casos que la ley establece.

En los supuestos del inc. 2, letras d), i), j), m) y n), la controversia tramitará por juicio sumario o sumarísimo, según lo determine el juez atendiendo a la complejidad de la contienda”.

Proceso sumarísimo

Art. 321 (1) – Será aplicable el procedimiento establecido en el art. 498:

1. A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).

2. Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección.

3. En los demás casos previstos por este Código u otras leyes.

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite de juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 321 – Será aplicable el procedimiento establecido en el art. 498:

1. a los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma de $ 800.000;

2. cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes;

3. en los demás casos previstos por este Código u otras leyes.

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite del juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde”.

Acción meramente declarativa

Art. 322 (1) – Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

El juez resolverá de oficio y como primera providencia si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 322 – Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el juicio sumario o sumarísimo, la demanda deberá ajustarse a los términos del art. 486.

El juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida”.

CAPITULO II - Diligencias preliminares

Enumeración. Caducidad

Art. 323 – El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien con fundamento prevea que será demandado:

1. que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio;

2. que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda;

3. que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia;

4. que en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida;

5. que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba;

6. que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover exprese a qué título la tiene;

7. que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate;

8. que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 41;

9. que se practique una mensura judicial;

10. que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas;

11. que se practique reconocimiento de mercaderías, en los términos del art. 782.

Salvo en los casos de los incs. 9, 10 y 11 y del art. 326, no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quien pretende demandar si no se dedujere la demanda dentro de los treinta días de su realización. Si el reconocimiento a que se refieren el inc. 1 y el art. 324 fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.

Trámite de la declaración jurada

Art. 324 (1) – En el caso del inc. 1 del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula o acta notarial, con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 324 – En el caso del inc. 1 del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula, con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio”.

Trámite de la exhibición de cosas e instrumentos

Art. 325 – La exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no los tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentren o quién los tiene.

Prueba anticipada

Art. 326 (1) – Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes:

1. Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país.

2. Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.

3. Pedido de informes.

4. La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión, conforme lo dispuesto por el art. 325.

La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 326 – Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento, y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes:

1. declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país;

2. reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares;

3. pedido de informes.

La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado”.

Pedido de medidas preliminares, resolución y diligenciamiento

Art. 327 – En el escrito en que se solicitaren medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.

El juez accederá a las pretensiones si estimare justas las causas en que se fundan, repeliéndolas de oficio en caso contrario.

La resolución será apelable únicamente cuando denegare la diligencia.

Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito único, nombrado de oficio.

Producción de prueba anticipada después de trabada la litis

Art. 328 (1) – Después de trabada la litis la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en el art. 326, salvo la atribución conferida al juez por el art. 36, inc. 4.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.488, art. 2 (B.O.: 22/11/01). Vigencia: a partir del 21/5/02. El texto anterior decía:

“Artículo 328 – Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en el art. 326, salvo la atribución conferida al juez por el art. 36, inc. 2”.

Responsabilidad por incumplimiento

Art. 329 – Cuando sin justa causa el interpelado no cumpliere la orden del juez en el plazo fijado, o diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error, o destruyere u ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiere requerido, se le aplicará una multa que no podrá ser menor de $ 40.000 ni mayor de $ 7.000.000, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiere incurrido.

La orden de exhibición o presentación de instrumento o cosa mueble, que no fuere cumplida, se hará efectiva mediante secuestro y allanamiento de lugares, si resultare necesario.

Cuando la diligencia preliminar consistiere en la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas y el citado no compareciere, se tendrá por admitida dicha obligación y la cuestión tramitará por el procedimiento de los incidentes. Si comparece y niega que deba rendir cuentas, pero en el juicio a que se refiere el art. 652 se declarare que la rendición corresponde, el juez impondrá al demandado una multa que no podrá ser menor de $ 50.000 ni mayor de $ 800.000 cuando la negativa hubiere sido maliciosa.

Si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del art. 37.