Decreto 722/96

DECRETO 722/96
Buenos Aires, 3 de julio de 1996
B.O.: 8/7/96

Administración pública nacional. Aplicación de los procedimientos previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamento, aprobado por Dto. 1.759/72 (t.o. en 1991) en su ámbito, y la vigencia de aquellos especiales que regulan ciertas materias. Con las modificaciones del Dto. 1.155/97 (B.O.: 11/11/97).

Art. 1 – En el ámbito de la Administración pública nacional centralizada y descentralizada serán de aplicación únicamente los procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y por el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Dto. 1.759/72 (t.o. en 1991).

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, continuará en vigencia la norma especial que disponga y sólo en relación con ello:

a) El cumplimiento de requisitos previos a la interposición del recurso administrativo de que se trate.

b) La suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido.

c) La existencia de un recurso judicial directo.

Art. 2 (1) – Sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Dto. 1.759/72 (t.o. por Dto. 1.883 del 17 de setiembre de 1991), continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que regulen las siguientes materias:

a) Las correspondientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas y Dirección General Impositiva–.

b) Minera.

c) Régimen de contrataciones del sector público nacional.

d) De las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia.

e) Regímenes de derecho de reunión y electoral.

f) Procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de la potestad correctiva interna de la Administración pública nacional.

g) Regímenes de audiencias públicas.

h) Procedimientos ante Tribunales administrativos.

(1) Artículo sustituido por Dto. 1.155/97, art. 1 (B.O.: 11/11/97). El texto anterior decía:

“Artículo 2 – Sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Dto. 1.759/72 (t.o. en 1991), continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que regulen las siguientes materias:

a) Impositiva.

b) Aduanera.

c) Minera.

d) Régimen de contrataciones del sector público nacional.

e) De las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia.

f) Regímenes de derecho de reunión y electoral.

g) Procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de la potestad correctiva interna de la Administración pública nacional.

h) Regímenes de audiencias públicas.

i) Procedimientos ante Tribunales administrativos”.

Art. 3 – A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, cualquier disposición que instituya procedimientos administrativos especiales deberá contener expresa fundamentación de la necesidad jurídica imprescindible de apartarse de los procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y por el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Dto. 1.759/72 (t.o. en 1991).

Art. 4 – Derógase el Dto. 9.101 del 22 de diciembre de 1972, modificado por el Dto. 1.883 del 17 de setiembre de 1991, y toda otra norma que establezca procedimientos administrativos especiales para la Administración pública nacional centralizada o descentralizada, con las limitaciones establecidas en el art. 1 y las excepciones previstas en el art. 2 del presente decreto.

Art. 5 – El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación y dictará las normas complementarias y de interpretación del presente decreto, quedando expresamente facultado para determinar en cada caso el alcance de las normas aprobadas por el presente.

Art. 6 – De forma.