Decreto 1.883/91

DECRETO 1.883/91
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1991
B.O.: 24/9/91

Procedimientos administrativos. Reglamento de Procedimientos Administrativos. Dto. 1.759/72, t.o. en 1991. Con las modificaciones del Dto. 336/17 (B.O.: 16/5/17).

Reforma de procedimientos administrativos

Art. 1 – Sustitúyense los arts. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 56, 60, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 102, 103, 104, 105 y 106 del reglamento que fuera aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972, y sus modificaciones, conforme Anexo I.

Art. 2 – Deróganse los arts. 98 bis, 107, 108, 109, 110 y 111 del reglamento que fuera aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972.

Art. 3 – Apruébase el texto ordenado del Reglamento de Procedimientos Administrativos con las modificaciones introducidas por el presente, conforme Anexo I, el que se titulará: “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Dto. 1.759/72, t.o. en 1991”, que forma parte del presente decreto.

Art. 4 – Los actos administrativos definitivos o asimilables que emanaren del órgano superior de empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional serán recurribles mediante el recurso de alzada previsto en el art. 94 del reglamento aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972. Este recurso no procederá contra los actos inherentes a la actividad privada de la empresa o sociedad en cuestión.

Art. 5 – Los Ministerios o Secretarías de Presidencia de la Nación, encargados de la aplicación directa o a través de un ente que se encuentre en su jurisdicción de los procedimientos especiales previstos en el art. 1 del Dto. 9.101 del 22 de diciembre de 1972, deberán remitir, dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días hábiles, al Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa, un informe sobre los procedimientos que se encuentren vigentes y que sean de efectiva aplicación. En dicho informe, asimismo, deberán fundamentar la necesidad jurídica imprescindible de mantenerlos, acompañando en ese caso un proyecto adaptado a la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y reglamento aprobado por Dto. 1.759 del 3 de abril de 1972, t.o. en 1991.

Art. 6 – Derógase el art. 2 del Dto. 9.101 del 22 de diciembre de 1972.

Secretaría General

Art. 7 – Créase en el ámbito de cada jurisdicción ministerial la unidad Secretaría General, bajo la dependencia directa y exclusiva del ministro del área.

Art. 8 – Transitoriamente la dotación de las unidades de Secretaría General creadas en virtud del presente decreto se integrará con el personal que revista en las áreas de Despacho y Mesa de Entradas de cada jurisdicción ministerial y el que asigne la autoridad competente. Dentro de los treinta (30) días hábiles de sancionado el presente decreto, las respectivas jurisdicciones ministeriales deberán remitir al Comité Ejecutivo de Contralor de la Reforma Administrativa, previa intervención de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, los proyectos de estructuras definitivas de cada unidad Secretaría General.

Art. 9 – La responsabilidad primaria de la unidad Secretaría General será la de asegurar la recepción y salida de la documentación administrativa proveniente de otras jurisdicciones ministeriales o entes descentralizados, o dirigida a los mismos; recibir y despachar la documentación de particulares; efectuar el despacho y archivo de la documentación administrativa, con excepción de las notas y otra documentación de carácter interno de cada jurisdicción; llevar el despacho del ministro; y efectuar el seguimiento de los trámites administrativos de la jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos administrativos. Será asimismo responsabilidad de la unidad Secretaría General determinar, para cada trámite administrativo, la unidad o las unidades de la jurisdicción con responsabilidad primaria para entender en el mismo. En los restantes entes de la Administración nacional, la responsabilidad indicada en el presente artículo será asumida por el jefe del área de Despacho.

Art. 10 – La unidad Secretaría General deberá contar con las siguientes direcciones:

a) De Despacho, la que se encargará de asegurar la distribución de documentación administrativa a las unidades de su jurisdicción, el control de circulación y el cumplimiento de los plazos de tramitación de los expedientes administrativos.

b) De Mesa de Entradas y Notificaciones, la que se encargará de la recepción, salida y archivo de documentación, así como también de notificaciones, guardando los recaudos prescriptos en las normas pertinentes.

c) De Información al Público, la que evacuará consultas acerca de fines, competencia y funcionamiento del Ministerio respectivo. Será función de la Dirección de Información al Público brindar información acerca de la tramitación de las actuaciones administrativas a quien acredite la condición de parte, su apoderado o letrado patrocinante, siendo la encargada asimismo de otorgar el acta poder a que se refiere el art. 33 del reglamento aprobado por el Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972. También recibirá las quejas o denuncias que puedan surgir con motivo de tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en el funcionamiento de los respectivos Ministerios.

Art. 11 – El jefe de la unidad Secretaría General será designado por el ministro del área, formará parte del Gabinete de Asesores del ministro y revistará en la máxima categoría del escalafón general vigente en la Administración pública nacional. El jefe de la Secretaría General cesará en sus funciones junto con el ministro que lo haya designado.

Cumplimiento de plazos

Art. 12 – Con el objeto de asegurar la eficiencia de la gestión administrativa, el respeto de los plazos previstos por las normas vigentes y la adecuada información al público, las unidades de Secretaría General deberán automatizar e informatizar el registro, despacho y control de los expedientes administrativos. El sistema deberá contemplar todo el desarrollo del expediente, con indicación, al menos, del organismo actuante y fecha de la intervención.

Art. 13 – Recibida una documentación para el inicio o la continuación de un trámite, ésta deberá ser remitida a la unidad competente en el término improrrogable de tres (3) días hábiles.

Art. 14 – Derogado por Dto. 336/17, art.2 (B.O.: 16/5/17). Vigencia: 16/5/17. Su texto decía: “Modifícase el pto. 6.3.3 del reglamento aprobado por Dto. 333 de fecha 19 de febrero de 1985, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘Plazos

La confección de informes, la contestación de notas y todo otro diligenciamiento de documentación, relativos a la sustanciación de expedientes, cuando no estuviere establecido expresamente otro término, serán realizados por orden de llegada, en el tiempo que requiera su estudio dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles. Este plazo máximo podrá ser ampliado por el jefe de la Secretaría General o por el superior jerárquico del responsable primario cuando la complejidad de los asuntos a tratarse lo exija, debiéndose comunicar dicha ampliación a la Secretaría General’”.

Art. 15 – Derogado por Dto. 336/17, art.2 (B.O.: 16/5/17). Vigencia: 16/5/17. Su texto decía: “modifícase el pto. 6.3.4.3 del reglamento aprobado por Dto. 333 del 19 de febrero de 1985, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘Urgente

Se dará carácter de ‘urgente’ a la actuación que deba ser diligenciada dentro del plazo de tres (3) días hábiles y con prioridad sobre cualquier otra que no tenga esa calificación o la de ‘muy urgente’”.

Art. 16 – Derogado por Dto. 336/17, art.2 (B.O.: 16/05/17). Vigencia: 16/05/17. Su texto decía: “el jefe de la unidad Secretaría General será el responsable directo del cumplimiento de los plazos establecidos en el pto. 6.3.3 y 6.3.4 del reglamento aprobado por Dto. 333 del 19 de febrero de 1985, para lo cual deberá efectuar un relevamiento cada cinco (5) días hábiles del trámite interno de los expedientes administrativos. En caso de comprobarse el incumplimiento de los plazos respectivos deberá intimar al funcionario responsable, bajo apercibimiento de ser sancionado de acuerdo con lo previsto en la Ley 22.140.

En caso de comprobarse la demora en la tramitación, el superior jerárquico deberá avocarse a la prosecución del trámite sin perjuicio de la sanción que corresponda al responsable de la dilación”.

Simplificación de trámites

Art. 17 – Los expedientes tendrán un trámite único, quedando prohibida la formación de “correspondes”. Será de aplicación rigurosa lo normado en el Tít. II del reglamento aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972. En caso de inobservancia del presente artículo el responsable deberá ser sancionado de acuerdo con lo previsto por la Ley 22.140.

Art. 18 – En la tramitación de expedientes, dada la responsabilidad primaria del funcionario interviniente, se prohíbe el “pase” de las actuaciones. Cuando se requiere opinión de otras unidades de la misma o de otras jurisdicciones, el funcionario interviniente con responsabilidad primaria deberá solicitarla directamente por nota u oficio, dejando constancia en el expediente, conforme lo establece el art. 14 del reglamento aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972. Se exceptúa del presente el caso de remisión del expediente a fin de elaborarse el dictamen obligatorio del Servicio Jurídico Permanente del Ministerio, o cuando sea necesaria la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Cuando un expediente involucre excepcionalmente la responsabilidad primaria de más de una unidad de la misma jurisdicción, el mismo deberá ser tramitado simultáneamente en dichas unidades, las que recibirán copias de las actuaciones pertinentes. Las unidades involucradas deberán expedirse en el mismo plazo procurando compatibilizar sus respectivos criterios decisorios.

Delegación de facultades

Art. 19 – Los ministros, secretarios y subsecretarios deberán dictar, salvo resolución fundada en contrario del titular del área, en el término de treinta (30) días hábiles, las normas conducentes para delegar en los funcionarios inferiores la decisión sobre cuestiones de administración interna de las respectivas unidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, art. 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos y el art. 2 del reglamento aprobado por Dto. 1.759 de fecha 3 de abril de 1972. En especial:

a) Autorización y aprobación de contrataciones, según lo establezca el titular de cada jurisdicción por resolución, hasta la suma de australes un mil setecientos ocho millones novecientos veinticuatro mil (A 1.708.924.000), con los recaudos previstos en los Caps. II y VI de la Ley de Contabilidad.

b) Sanciones disciplinarias no expulsivas de empleados.

c) Otorgamiento de licencias, justificaciones y franquicias al personal.

d) Liquidación de viáticos.

e) Toda otra cuestión que haga a la gestión corriente de la jurisdicción.

Art. 20 – Una vez implementado el régimen del artículo que antecede, el director general de Administración será el responsable del cumplimiento de dicho sistema.

Régimen transitorio

Art. 21 – Para los expedientes en trámite iniciados con anterioridad a la vigencia del presente régimen se aplicará el siguiente procedimiento transitorio.

En caso de que en un expediente estuviere sólo pendiente el dictado del acto administrativo definitivo o la resolución de un recurso, se deberá proceder en el término de treinta (30) días hábiles a dictar el acto o resolver el recurso, incluyendo en el mencionado plazo el dictamen del Servicio Jurídico Permanente de la jurisdicción. En los restantes casos se procederá de la siguiente manera:

a) Los órganos competentes que tramiten expedientes administrativos que estuvieren paralizados por causa imputable al administrado deberán, dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, notificar a los interesados, haciéndoles saber que si en el término de treinta (30) días hábiles no manifestaren la voluntad de continuar con su tramitación se declarará la caducidad del procedimiento en los términos del art. 1, inc. e), apart. 9, de la Ley de Procedimientos Administrativos.

b) Si el trámite hubiera estado paralizado por un plazo mayor de seis (6) meses por causa imputable a la Administración, se deberá en todos los casos, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles, notificar al interesado a fin de hacerle saber que si en un plazo de treinta (30) días hábiles no manifiesta fehacientemente su voluntad de continuar con el trámite se aplicará lo prescripto en el inciso anterior.

c) Los expedientes referidos a trámites internos de la Administración, que no hayan tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses anteriores a la publicación del presente, deberán ser archivados, con comunicación al organismo iniciador.

Las resoluciones que se dicten en aplicación de los incs. a), b) y c) deberán ser suscriptas por los respectivos directores nacionales o generales.

Quedan excluidos del presente régimen transitorio los expedientes relativos a sumarios administrativos, debiéndose cumplir estrictamente con los plazos establecidos en el reglamento aprobado por Dto. 1.798 del 8 de setiembre de 1980.

Art. 22 – Cuando se trate de los supuestos contemplados en los incs. a), b) y c) del artículo anterior, la unidad donde se encuentre físicamente el expediente será la responsable de aplicar en lo que corresponda el presente régimen transitorio. En ningún caso se podrá remitir a la unidad Secretaría General expedientes iniciados con anterioridad a la vigencia del presente, excepto para su archivo o para su remisión únicamente a fin de elaborar el dictamen jurídico correspondiente.

Art. 23 – Si en ocasión de la aplicación de los incs. a), b) y c) del art. 21 se resolviera de manera negligente o inadecuada, dando origen a acciones judiciales cuyas resoluciones provoquen un perjuicio a la Administración, el director nacional o general responsable responderá con su patrimonio por el perjuicio ocasionado conforme lo establece el art. 90 de la Ley de Contabilidad.

Si el responsable de aplicar en tiempo y forma lo previsto en este artículo no lo hiciera, deberá ser sancionado por el órgano superior conforme lo establece el art. 17 del presente decreto.

Dentro de los noventa (90) días hábiles del inicio de la aplicación del presente régimen transitorio, los órganos encargados de la aplicación del mismo deberán informar a la Secretaría General de su jurisdicción, o en su defecto al área de Despacho, acerca de lo actuado y de los resultados de la aplicación del presente.

Disposiciones generales

Art. 24 – El régimen sancionado por el presente decreto será de aplicación a los trámites que se inicien a partir de la fecha de su publicación.

Art. 25 – De forma.


ANEXO I

Nota: Ver Dto. 1.759/72 (I).