Ley 19.032

LEY 19.032
Buenos Aires, 13 de mayo de 1971
B.O.: 28/5/71

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Su creación. Con las modificaciones de las Leyes 25.615 (B.O.: 23/7/02), 25.751 (B.O.: 20/6/03) y 26.422 (B.O.: 21/11/08).

* Títulos de los artículos incluidos por la Editorial.

Art. 1 (1) – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Su creación*. Creáse el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo con las normas de la presente ley.

Su acción queda sometida al contralor de la Sindicatura que se instituye en su seno, quedando su auditoría externa a cargo de la Auditoría General de la Nación.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 1 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 1 (1) – Créase el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que funcionará como entidad de derecho público, con personalidad jurídica e individualidad financiera y administrativa, de acuerdo con las normas de la presente ley.

El Instituto queda comprendido en el régimen de la Ley 18.610.

(1) Texto según Ley 19.465 (B.O.: 7/2/72)”.

Art. 2 (1) – Objeto*. El Instituto tendrá como objeto otorgar –por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del Régimen Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.

Las prestaciones así establecidas se considerarán servicios de interés público, siendo intangibles los recursos destinados a su financiamiento.

El Instituto no podrá delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente ley. Todo acto, disposición u omisión por parte de sus autoridades, que infrinja este enunciado, será declarado nulo de nulidad absoluta

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 2 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 2 – El Instituto tendrá por objeto principal la prestación, por sí o por intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y a su grupo familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados al fomento, protección y recuperación de la salud”.

Art. 3Otros servicios*. El Instituto podrá prestar otros servicios destinados a la promoción y asistencia social de los afiliados, tales como: subsidios, préstamos con o sin garantía real, vivienda en comodato mediante programas y asistencia financiera de la Secretaría de Estado de Vivienda, asesoramiento y gestoría previsional gratuitos, promoción cultural, proveeduría, recreación, turismo y todo otro servicio que el directorio establezca.

Art. 4Extensión del régimen*. A propuesta del directorio, el Poder Ejecutivo podrá hacer extensivo el régimen de la presente ley, en las condiciones que fije, a las personas de sesenta o más años de edad o imposibilitadas para trabajar, o que gocen de pensiones graciables, a la vejez o de leyes especiales.

Art. 5 (1) – Gobierno y administración. Miembros. Requisitos*. El Gobierno y la administración del Instituto estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional (D.E.N.) y Unidades de Gestión Local (U.G.L.)

El D.E.N. estará integrado por once directores: siete en representación de los beneficiarios del Instituto, dos en representación de los trabajadores activos y dos en representación del Estado.

La designación de los directores en representación de los beneficiarios se hará mediante elección indirecta, en el seno del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que se instituye por el art. 15 bis de la presente ley.

Los directores en representación de los trabajadores activos se designarán a propuesta de las centrales obreras nacionales con personería gremial.

Los directores en representación del Estado serán designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Su presidente será elegido entre los directores que representan al Estado.

Los integrantes del D.E.N., con dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones, gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto, y durarán en las mismas cuatro años. Cesarán en sus funciones por vencimiento del mandato, renuncia, remoción con justa causa o disposición judicial.

Para ser miembro del D.E.N., representando a los beneficiarios y a los trabajadores activos, sus integrantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado y mayor de edad.

b) Idoneidad para desempeñar sus funciones.

c) Ser beneficiario del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Nacional o trabajador activo propuesto por las centrales obreras nacionales con personería gremial.

d) No tener relación de dependencia con el Instituto.

e) No tener antecedentes penales ni haber sido condenado en causa criminal alguna.

f) No ejercer otra función incompatible con este Instituto, de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculadas o relacionadas al mismo.

g) No mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores, efectores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con el Instituto.

Para ser miembro del D.E.N., representando al Poder Ejecutivo, sus integrantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado y mayor de edad.

b) Idoneidad y capacidad técnica para desempeñar sus funciones.

c) No tener relación de dependencia con el Instituto.

d) No tener antecedentes penales ni haber sido condenado en causa criminal alguna.

e) No ejercer otra función incompatible con este Instituto, de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculadas o relacionadas al mismo.

f) No mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores, efectores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con el Instituto.

Cada director podrá designar, como máximo, dos asesores de probada idoneidad, cuyos honorarios estarán comprendidos dentro del presupuesto previsto para el D.E.N., y no podrán ser incorporados a la planta permanente de agentes del Instituto, cesando en sus funciones a la finalización por cualquier causa del mandato del director que los hubiere designado, sin derecho a indemnización alguna.

Las Unidades de Gestión Local (U.G.L.) sustituirán a las actuales delegaciones regionales; estarán a cargo de un director ejecutivo local seleccionado por concurso y designado por el D.E.N.

Los directores ejecutivos locales tendrán dedicación exclusiva en el cumplimiento de sus funciones.

El director ejecutivo local deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado y mayor de edad.

b) Idoneidad para el desempeño de sus funciones.

c) No tener antecedentes penales ni haber sido condenado en causa criminal alguna.

d) No ejercer otra función incompatible con este Instituto, de naturaleza prestacional o de representación profesional vinculadas o relacionadas al mismo.

e) No mantener relación, vinculación directa o indirecta con prestadores, efectores o terceras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que mantengan relación prestacional con el Instituto

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 3 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 5 (1) – El Gobierno y administración del Instituto estarán a cargo de un directorio integrado por un presidente y once directores, cuatro en representación de los beneficiarios, dos en representación de los afiliados y cinco en representación del Estado, designados todos ellos por el Ministerio de Acción Social. La designación de los directores del sector privado se hará a propuesta de las respectivas entidades representativas.

Los directores en representación de los beneficiarios deberán ser jubilados o pensionados del régimen nacional de previsión.

El presidente y los directores durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, y gozarán de la remuneración que establezca el presupuesto.

(1) Texto según Ley 22.954 (B.O.: 24/10/83)”.

Art. 6 (1) – Directorio Ejecutivo nacional. Obligaciones y facultades*. El Directorio Ejecutivo nacional tendrá las siguientes obligaciones y ejercerá las siguientes facultades:

a) Administrar los fondos y bienes del Instituto, conforme a las necesidades de prestaciones y servicios planteados por las distintas regiones.

b) Formular y diseñar las políticas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el Instituto en todo el territorio nacional, coordinando la planificación de las políticas del Instituto con las autoridades sanitarias jurisdiccionales respectivas. Deberá, asimismo, resolver sobre las propuestas formuladas por las Unidades de Gestión Local, dentro del marco de las políticas trazadas por el Instituto.

c) Ejercer la administración general del Instituto, asimilando para sí los criterios de administración financiera y sistemas de control que en la materia rigen para el sector público nacional, en función de los cuales deberá dictar las reglamentaciones necesarias para regular la relación entre el instituto y su personal –garantizando la carrera administrativa y programas de capacitación en todos sus estamentos–; con los afiliados y terceros; con las autoridades sanitarias jurisdiccionales a los fines de articular acciones en la materia; previendo en su caso los recursos.

d) Establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes.

e) Disponer las inspecciones, auditorías, controles prestacionales periódicos y extraordinarios de todos los prestadores por intermedio de los agentes del instituto expresamente capacitados y autorizados que designe al efecto.

f) Elaborar el presupuesto anual, y remitirlo para su conocimiento al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional.

g) Confeccionar dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio, una memoria, el balance y cuenta de resultados del mismo, y elevarlos a conocimiento del Poder Ejecutivo y Congreso nacional.

h) Fijar un régimen de sanciones para los prestadores de servicios, sin perjuicio de las vías administrativas o judiciales que pudieran corresponder.

i) Dictar normativas que regulen la relación entre afiliados e instituto, estableciendo un régimen de sanciones ante conductas dolosas contra este último.

j) Crear comisiones técnicas asesoras, y designar sus integrantes.

k) Dictar el estatuto y escalafón del personal, promoviendo la reingeniería de los recursos humanos adaptándolos a las necesidades regionales, asegurando su carrera administrativa.

l) Nombrar, remover y ascender personal.

m) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales, internacionales, provinciales, municipales o privadas.

n) Celebrar, como medida previa a cualquier contratación y dependiendo del monto, concurso de precios o licitación pública.

o) Determinar cuáles deben ser los montos mínimos de las contrataciones, para que sea exigible la licitación pública para su adjudicación.

p) Aceptar subsidios, legados y donaciones.

q) Solicitar del presidente del D.E.N. informes sobre los actos de administración que éste ejecute en cumplimiento de sus funciones.

r) Aprobar los convenios a celebrar por el presidente en cumplimiento de sus funciones.

s) Instituir nuevos servicios sociales destinados a asegurar una mejor calidad de vida de los afiliados, reglamentando su naturaleza, cuando razones de necesidad, incapacidad económica manifiesta y urgencia ameriten su otorgamiento.

t) Resolver los recursos o reclamos que interpusiesen el personal del Instituto, afiliados o terceros, contra decisiones del directorio.

u) Dictar todas las resoluciones y actos de disposición necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

v) Deberá realizar compromisos de gestión con las U.G.L., estableciendo metas a cumplir y/o alcanzar por los directores locales, fijando para su cumplimiento períodos de tiempo

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 4 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 6 – El directorio tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

a) Administrar los fondos y bienes del Instituto.

b) Fijar la orientación, planeamiento y coordinación de los servicios que se presten.

c) (1) Establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades y beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes.

d) (1) Proyectar el presupuesto anual y someterlo, con una antelación mínima de dos meses al comienzo del ejercicio, a la aprobación del Ministerio de Bienestar Social.

e) Confeccionar dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio, una memoria, el balance y cuenta de resultados del mismo, y elevarlos a conocimiento del Ministerio de Bienestar Social.

f) Fijar el régimen disciplinario con respecto a los afiliados, determinando la procedencia de la aplicación de sanciones, de acuerdo con la siguiente escala, referida a la gravedad de la falta cometida: llamado de atención, apercibimiento, suspensión de beneficios. La suspensión de beneficios no eximirá del pago de los aportes correspondientes, ni podrá exceder del plazo de seis meses.

g) Crear comisiones técnicas asesoras y designar sus integrantes.

h) (1) Dictar el estatuto y escalafón del personal.

i) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades nacionales, provinciales, municipales o privadas.

j) Aceptar subsidios, legados y donaciones.

k) Nombrar, remover y ascender personal.

l) Dictar las reglamentaciones y resoluciones que fueren necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones.

m) Elegir de entre los directores en representación de los jubilados, en la primera sesión constitutiva, un vicepresidente que reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio o de vacancia del cargo hasta tanto éste sea cubierto.

n) Resolver los recursos que el personal del Instituto, afiliados o terceros, interpongan contra las decisiones del presidente.

(1) Texto según Ley 19.465 (B.O.: 7/2/72)”.

Art. 6 bis (1) – Unidades de Gestión Local. Funciones y obligaciones*. Las Unidades de Gestión Local tendrán las siguientes funciones y obligaciones:

Actuar como unidad de ejecución de todos los programas implementados por el Instituto, elaborando propuestas y programas prestacionales para la jurisdicción, basados en los factores socio–demográficos, epidemiológicos, tasas de uso estimativas y costos de cada jurisdicción de acuerdo con las normas establecidas por el D.E.N., asumiendo la responsabilidad de mantener a tal fin actualizado el padrón de afiliados de su área de cobertura:

a) Proponer al D.E.N. la planificación de actividades institucionales y el presupuesto anual para su funcionamiento, elevando la memoria, balance y cuenta de resultados al D.E.N., e informes sobre los requerimientos de personal para la U.G.L. y sobre la administración de los recursos humanos de la unidad.

b) Promover convenios y contratos prestacionales en el marco de las pautas de descentralización fijadas por este último, pudiendo acordar la integración con otras U.G.L. de regiones para el mejor cumplimiento de estos fines.

c) Realizar auditorías de carácter administrativo, técnico–jurídico y prestacional, elevando los informes correspondientes al D.E.N., independientemente de los alcances del sistema de control que establezca el D.E.N.

d) Adoptar todas las medidas conducentes a garantizar el normal funcionamiento de la U.G.L.

e) Cada cuatro meses deberá presentar una rendición económica y prestacional de lo actuado durante ese período, conforme lo convenido en el compromiso de gestión.

En cada U.G.L. funcionará un consejo asesor conformado según lo dispuesto en el art. 11, que tendrá carácter honorario y consultivo.

Sus funciones son:

a) Elaborar propuestas y programas prestacionales para la U.G.L.

b) Asesorar sin carácter vinculante al director ejecutivo local.

c) Realizar todas las acciones que fueran necesarias para garantizar la calidad y transparencia de la gestión.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.615, art. 5 (B.O.: 23/7/02).

Art. 7Presidente. Representación*. El presidente representará en todos sus actos al Instituto, con las facultades y atribuciones que le asigne la reglamentación.

Art. 8 (1) – Recursos*. El Instituto contará con los siguientes recursos:

a) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.), tengan o no grupo familiar calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al tres por ciento (3%) hasta el importe del haber mínimo y al seis por ciento (6%) sobre lo que excede dicho monto.

b) El aporte de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ex Caja de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos), y S.I.J.P. (ex Trabajadores Autónomos), tengan o no grupo familiar, del seis por ciento (6%) calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario.

c) El aporte de los trabajadores autónomos en actividad del cinco por ciento (5%) del monto que corresponda a su categoría conforme a las disposiciones de la Ley 24.241.

d) El aporte del personal en actividad comprendido en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones consistente en el tres por ciento (3%) de su remuneración conforme a las disposiciones de la Ley 24.241.

e) La contribución de los empleadores comprendidos en el Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones, consistente en el dos por ciento (2%) de las remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores.

f) El aporte que el Poder Ejecutivo nacional fije para los afiliados a que se refiere el art. 4 de la presente ley, importe que no será inferior al promedio por cápita que el Instituto erogue por afiliado y familiares a cargo.

g) El producido de los aranceles que cobre por los servicios que preste.

h) Las donaciones, legados y subsidios que reciba.

i) Los intereses y las rentas de los bienes que integran ese patrimonio y el producido de la venta de esos bienes.

j) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines.

k) Los aportes del Tesoro que determina la ley de presupuesto nacional por cada período anual.

Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán al siguiente.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 6 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 8 – El Instituto contará con los siguientes recursos:

a) El aporte de los beneficiarios de las Cajas Nacionales de Previsión, de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, y del Estado y Servicios Públicos, tengan o no grupo familiar calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario, equivalente al 3% (tres por ciento) hasta el importe del haber mínimo y al 6% (seis por ciento) sobre lo que exceda de dicho monto.

b) El aporte de los beneficiarios de la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos, tengan o no grupo familiar, del 6% (seis por ciento) calculado sobre los haberes de las prestaciones, incluido el haber complementario.

c) El aporte de los trabajadores autónomos en actividad del 5% (cinco por ciento) del monto que corresponda a su categoría de acuerdo con el art. 10 de la Ley 18.038 (t.o. en 1980).

d) El aporte del personal en actividad comprendido en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones consistente en el 3% (tres por ciento) de su remuneración determinada de acuerdo con lo previsto en la Ley 18.037 (t.o. en 1976).

e) La contribución de los empleadores comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, consistente en el 2% (dos por ciento) de las remuneraciones que deban abonar a sus trabajadores, determinadas de acuerdo con lo previsto por la Ley 18.037 (t.o. en 1976) (1).

f) El aporte que el Poder Ejecutivo Nacional fije para los afiliados a que se refiere el art. 4 de la presente ley.

g) El producido de los aranceles que cobre por los servicios que preste.

h) Las donaciones, legados y subsidios que reciba.

i) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines.

(2) Los recursos no invertidos en un ejercicio se transferirán al siguiente.

(1) Por Dto. 814/01, art. 2 (B.O.: 22/6/01), se fijó una alícuota única para las contribuciones patronales sobre la nómina salarial que sustituye las vigentes para el S.U.S.S. Anteriormente, por Dtos. 2.609/93, 1.520/98 y 96/99 se habían establecido diversas disminuciones a la contribución a cargo del empleador.

(2) Texto según Ley 23.568 (B.O.: 24/6/88)”.

Art. 9 (1) – Aportes y contribuciones. Transferencia*. Los aportes establecidos en los incs. a) y b), del artículo anterior, serán deducidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social de los haberes de los beneficiarios y serán transferidos al Instituto en forma directa y automática.

Los aportes y contribuciones establecidos en los incs. c), d) y e), del artículo precedente, deberán ser abonados por sus obligados en igual forma y fecha que los aportes y contribuciones previsionales, y con sus accesorios, serán transferidos al Instituto en forma directa y automática por la A.F.I.P. u organismo que lo reemplace.

El Instituto fiscalizará, en los organismos que correspondan, el monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones que conforman su patrimonio, así como también la forma en que éstos le son transferidos.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 7 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 9 (1) – Los aportes establecidos en los incs. a) y b) del artículo anterior, serán deducidos por las cajas nacionales de previsión de los haberes que abonen a sus beneficiarios, y serán transferidos al Instituto en la forma y plazos que determine la Secretaría de Seguridad Social.

Los aportes y contribuciones establecidos en los incs. c), d) y e) del artículo precedente serán abonados por sus obligados en igual forma y fecha que los aportes y contribuciones previsionales y, con sus accesorios, serán transferidos al Instituto por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional en forma automática.

(1) Texto según Ley 23.568 (B.O.: 24/6/88)”.

Art. 10 (1) – Presupuesto*. El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del Instituto no podrá exceder el ocho por ciento (8%) del total de sus recursos.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 8 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

“Artículo 10 – El presupuesto de gastos administrativos y de funcionamiento del Instituto no podrá exceder del 5% (cinco por ciento) del total de sus recursos. Dicho porcentaje podrá ser aumentado por el Poder Ejecutivo a propuesta fundada del directorio”.

Art. 11 (1) – Cuentas corrientes. Apertura. Fondos excedentes*. Las cuentas corrientes que fueran necesarias para el desenvolvimiento del instituto serán abiertas únicamente en entidades financieras oficiales.

Los fondos excedentes se invertirán de acuerdo con criterios de rentabilidad y seguridad adecuados, en depósitos a plazo fijo –los que deberán constituirse en el Banco de la Nación Argentina– y otros activos financieros que aseguren la disponibilidad de los fondos en las fechas para las cuales el instituto prevea su uso para los objetos previstos en los arts. 2 y 3 de la presente, en función de las proyecciones que hubiera realizado.

El instituto deberá operar con entidades financieras oficiales, excepto en lo relacionado con la gestión de préstamos.

(1) Artículo sustituido por Ley 26.422, art. 73 (B.O.: 21/11/08). El texto anterior decía:

“Artículo 11 (1) – Las cuentas corrientes que fueran necesarias para el desenvolvimiento del Instituto serán abiertas únicamente en entidades financieras oficiales.

Los fondos excedentes se invertirán, exclusivamente, en depósitos a plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés en vencimientos escalonados.

El Instituto deberá operar con entidades financieras oficiales, excepto en lo relacionado con la gestión de préstamos.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.615, art. 9 (B.O.: 23/7/02). El texto anterior decía:

‘Artículo 11 – Las cuentas corrientes que fueran necesarias para el desenvolvimiento del Instituto serán abiertas únicamente en el Banco de la Nación Argentina.

(1) Los fondos excedentes se invertirán exclusivamente en depósitos a plazo fijo en los Bancos Hipotecario Nacional y/o de la Nación Argentina, en condiciones que aseguren el máximo interés y vencimientos escalonados.

(1) Texto según Ley 19.465 (B.O.: 7/2/72)’”.

Art. 12Incorporación de cajas o institutos locales*. El directorio del Instituto podrá convenir con los gobiernos provinciales y las municipalidades, la incorporación al régimen de la presente ley de los jubilados y pensionados de las cajas o institutos locales.

En tales supuestos los jubilados y pensionados incorporados, así como el personal en actividad comprendido en el régimen previsional de que se trate, deberán efectuar los aportes indicados en el art. 8, que serán retenidos e ingresados en la forma dispuesta en el art. 9.

Art. 13Exenciones tributarias*. Los inmuebles de propiedad del Instituto o aquellos cuyo usufructo ejerza, así como también las operaciones o actos que realice, estarán exentos del pago de todo impuesto, tasa, contribución y/o cualquier otra obligación fiscal de carácter nacional o con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto gestionará de las provincias y municipios, la sanción de leyes y ordenanzas que autoricen idénticas exenciones.

Art. 14Jurisdicción*. El Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor.

El representante legal del Instituto absolverá posiciones por oficio.

Art. 14 bis (1) – Incompatibilidades*. El presidente, los directores y el personal del Instituto estarán sujetos a las mismas disposiciones sobre incompatibilidad que rijan para los agentes de la administración pública nacional.

(1) Texto según Ley 19.465 (B.O.: 7/2/72).

Art. 15 (1) – Autoridad de contralor*. El control de las operaciones del Instituto y el examen y juicio de las cuentas de los responsables de las mismas, serán ejercidos, en forma exclusiva, por el Ministerio de Bienestar Social. Dicho control comprenderá los aspectos legales, financiero–patrimoniales, contables, administrativos y técnicos. El Instituto está excluido del régimen de la ley de contabilidad.

(2) El Ministerio de Bienestar Social dictará las normas generales que posibiliten el ejercicio de las funciones precedentemente mencionadas y las pautas para la confección del balance y plan de cuentas a que se ajustará el Instituto. El citado Ministerio establecerá en el Instituto una sindicatura, con los deberes, funciones y atribuciones que le fije.

(1) Texto según Ley 19.465 (B.O.: 7/2/72).

(2) Texto según Ley 21.545 (B.O.: 8/3/77).

Art. 15 bis (1) – Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Su creación*. Créase el Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El consejo será integrado por seis representantes, tres titulares y tres suplentes, por cada Unidad de Gestión Local, elegido por el voto secreto y directo de los afiliados al instituto, considerándose a la U.G.L. como distrito electoral único y tomándose como padrón electoral el de los afiliados al Instituto con domicilio en la jurisdicción de referencia. La distribución de los cargos se realizará aplicando el sistema de distribución proporcional con coeficiente D'Hont.

Los candidatos serán propuestos por entidades representativas del sector pasivo, que tengan personería jurídica otorgada.

Tendrá por funciones seleccionar a los representantes de los beneficiarios que integraran el Directorio Ejecutivo nacional, analizar el funcionamiento integral del Instituto en todo el país, proponiendo al D.E.N. acciones tendientes a garantizar la cantidad y calidad de las prestaciones, resguardando su equidad en todo el territorio nacional.

Los cargos serán honorarios y los gastos operativos para su funcionamiento estarán a cargo del I.N.S.S.J.P., debiendo incorporarse a su presupuesto conforme reglamente el D.E.N.

Los integrantes del Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a excepción de los designados como directores ejecutivos nacionales, conformarán en sus jurisdicciones de origen un consejo asesor de la respectiva U.G.L. que representara los intereses de los beneficiarios.

Los siete representantes de los beneficiarios que integran el Directorio Ejecutivo nacional deberán ser designados cada uno comprendiendo a las distintas jurisdicciones, de acuerdo con la nómina siguiente:

I Ciudad de Buenos Aires.
II Provincia de Buenos Aires.
III Santa Fe.
Entre Ríos.
Corrientes.
Misiones.
IV Córdoba.
Santiago del Estero.
V Formosa.
Chaco.
Jujuy.
Salta.
Tucumán.
Catamarca.
VI Mendoza.
San Juan.
San Luis.
La Rioja.
VII La Pampa.
Río Negro.
Neuquén.
Chubut.
Santa Cruz.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Cuando se produjere el reemplazo del director de cada jurisdicción, la nueva nominación deberá recaer en un beneficiario correspondiente a otra provincia de la misma, hasta finalizar en número; y vuelve a comenzar.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.615, art. 11 (B.O.: 23/7/02).

Art. 15 ter (1) – Intervención. Causas. Plazo*. El Congreso de la Nación, previo dictamen de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del Instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los ciento ochenta días corridos ni ser prorrogada.

El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro pueda poner en riesgo la administración general del Instituto, el efectivo control administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los controles y las auditorías necesarios para garantizar la transparencia de la gestión o el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Directorio Ejecutivo nacional en el art. 6 de esta ley.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.751 (B.O.: 20/6/03). El texto anterior decía:

“Artículo 15 ter (1) – El Congreso de la Nación, a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los ciento ochenta días corridos ni ser prorrogada.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.615, art. 12 (B.O.: 23/7/02)”.

Art. 16Beneficios comprendidos en el art. 1 de la Ley 18.610. Unico aporte*. A partir de la vigencia de esta ley los jubilados y pensionados obligatoriamente comprendidos en cualquiera de las obras sociales mencionadas en el art. 1 de la Ley 18.610, modificado por Ley 18.980, aportarán únicamente al Instituto creado por la presente, manteniendo sin embargo su afiliación a aquéllas, con todos los derechos y obligaciones que los respectivos estatutos orgánicos y reglamentaciones determinen. En tal supuesto, se aplicarán los montos o porcentajes de aportes que rijan en esas obras sociales, si fueran mayores que los establecidos en el art. 8.

En los casos precedentemente aludidos, el Instituto deberá convenir con las respectivas obras sociales los reintegros que correspondan por los servicios que presten a los jubilados y pensionados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los jubilados y pensionados podrán optar por incorporarse directamente al presente régimen, en cuyo caso cesarán las obligaciones recíprocas de aquéllos y de las obras sociales a las que se encontraban afiliados.

Art. 17Deróganse el inc. c) del art. 5 y el último párrafo del art. 6 de la Ley 18.610*. Deróganse el inc. c) del art. 5 y el último párrafo del art. 6 de la Ley 18.610, modificados por Ley 18.980.

Art. 17 bis (1) – Ejecución del presupuesto. Equilibrio*. El I.N.S.S.J.P., a los fines de garantizar la correcta ejecución de su presupuesto y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, deberá alcanzar el equilibrio entre sus gastos operativos y los recursos previstos en su presupuesto, programando a tal fin la ejecución física y financiera del mismo.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.615, art. 13 (B.O.: 23/7/02).

Art. 18Vigencia*. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.