Ley 11.179

TITULO XI - Delitos contra la administración pública

CAPITULO I - Atentado y resistencia contra la autoridad

Art. 237 – Será reprimido con prisión de un mes a un año el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Art. 238 – La prisión será de seis meses a dos años:

1. Si el hecho se cometiere a mano armada.

2. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas.

3. Si el culpable fuere funcionario público.

4. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 238 bis (1) – El militar que pusiere manos en el superior, sin lesionarlo o causándole lesiones leves, será penado con prisión de uno a tres años.

Si el hecho tuviere lugar frente al enemigo o a tropa formada con armas, o si se cometiere en número de seis o más, el máximo de la pena será de seis años.

(1) Artículo incorporado por art. 10 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 238 ter (1) – El militar que resistiere o desobedeciere una orden de servicio legalmente impartida por el superior, frente al enemigo o en situación de peligro inminente de naufragio, incendio u otro estrago, será penado con prisión de uno a cinco años. La misma pena se impondrá si resistiere a una patrulla que proceda en cumplimiento de una consigna en zona de conflicto armado u operaciones o de catástrofe. Si en razón de la resistencia o de la desobediencia se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el mínimo de la pena se elevará a cuatro años y el máximo de la pena se elevará a doce años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 11 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 239Será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Art. 240Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

Art. 240 bis (1) – El que violare las normas instrucciones a la población emitidas por la autoridad militar competente, en tiempo de conflicto armado para las zonas de combate, será penado con prisión de uno a cuatro años si no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 12 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 241Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

1. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los Tribunales de Justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones.

2. El que sin estar comprendido en el art. 237 impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.

Art. 241 bis (1) – Se impondrá prisión de tres a diez años a los militares que:

1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada.

2. Tomaren armas o hicieren uso de éstas, de naves o aeronaves o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales contra las órdenes de sus superiores.

3. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mando contra sus superiores u omitieren resistir o contener a éstas estando en condiciones de hacerlo.

4. Será penado con prisión de uno a cinco años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración quien la denunciare en tiempo para evitar la comisión del hecho.

5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiere o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a veinticinco años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 13 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 242Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos diez mil e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 243 – Será reprimido con prisión de quince días a un mes el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un mes a un año.

CAPITULO II - Falsa denuncia

Art. 244 – Artículo derogado por art. 2 de la Ley 24.198 (B.O.: 3/6/93).

Art. 245Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

CAPITULO III - Usurpación de autoridad, títulos u honores

Art. 246Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

1. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente.

2. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones continuare ejerciéndolas.

3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

4. (1) El militar que ejerciere o retuviere un mando sin autorización será penado con prisión de uno a cuatro años y en tiempo de conflicto armado de dos a seis años, siempre que no resultare un delito más severamente penado.

(1) Párrafo incorporado por art. 14 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 247 (1) – Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.

Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

(1) Artículo sustituido por Ley 24.527 (B.O.: 8/9/95).

CAPITULO IV - Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

Art. 248 – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Art. 248 bis (1) – Será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años el funcionario público que, debiendo fiscalizar el cumplimiento de las normas de comercialización de ganado, productos y subproductos de origen animal, omitiere inspeccionar –conforme los reglamentos a su cargo– establecimientos tales como mercados de hacienda, ferias y remates de animales, mataderos, frigoríficos, saladeros, barracas, graserías, tambos u otros establecimientos o locales afines con la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos de origen animal y vehículos de transporte de hacienda, productos o subproductos de ese origen.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.890, art. 5 (B.O.: 21/5/04).

Art. 249 (1) – Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos ($ 750) a doce mil quinientos pesos ($ 12.500) e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

(1) Modificado por Ley 24.286, art. 1 (B.O.: 29/12/93). Montos elevados. Antecedentes: Ley 23.479, art. 1 (B.O.: 26/1/87). Monto modificado. Ley 23.974, art. 1 (B.O.: 17/9/91). Montos modificados.

Art. 249 bis (1) – El militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis meses a dos años, si no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 15 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 250Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el jefe o agente de la fuerza pública que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Art. 250 bis (1) – Será penado con prisión de cuatro a diez años, siempre que no resultare otro delito más severamente penado, el militar que en tiempo de conflicto armado:

1. Abandonare sus funciones de control, vigilancia, comunicaciones o la atención de los instrumentos que tuviese a su cargo para esos fines, las descuidase o se incapacitase para su cumplimiento.

2. Observare cualquier dato significativo para la defensa y no lo informase o tomase las medidas del caso.

(1) Artículo incorporado por art. 16 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 250 quáter (*) (1)– Siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo designado por el Tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una “Sala Gesell”, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado los actos serán desarrollados con control judicial, previa notificación al defensor público oficial.

Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto, el Tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima.

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares u objetos, la víctima será acompañada por el profesional que designe el Tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.

(*) La Editorial entiende que se trata del art. 250 ter.

(1) Artículo incorporado por Ley 26.842, art. 27 (B.O.: 27/12/12). Vigencia: 5/1/13.

Art. 251Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

Art. 252 (1) – Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500) e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.

Si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos.

El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años. Si, como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese, o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.079, art. 1 (B.O.: 19/12/14). Vigencia: 28/12/14. El texto anterior decía:

“Artículo 252 (1) – Será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos ($ 750) a doce mil quinientos pesos ($ 12.500) e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

(2) El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años. Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave.

(1) Modificado por Ley 24.286, art. 1 (B.O.: 29/12/93). Montos elevados. Antecedentes: Ley 23.479, art.1 (B.O.: 26/1/87). Monto modificado. Ley 23.974, art. 1 (B.O.: 17/9/91). Montos modificados.

(2) Párrafo incorporado por art. 17 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08)”.

Art. 253Será reprimido con multa de pesos setecientos a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 253 bis (1) – El militar que sin orden ni necesidad emprendiere una operación militar, o en sus funciones usare armas sin las formalidades y requerimientos del caso, sometiere a la población civil a restricciones arbitrarias u ordenare o ejerciere cualquier tipo de violencia innecesaria contra cualquier persona, será penado con prisión de uno a cuatro años si no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 18 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

Art. 253 ter (1) – Será penado con prisión de dos a ocho años el militar que por imprudencia o negligencia, impericia en el arte militar o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, en el curso de conflicto armado o de asistencia o salvación en situación de catástrofe, causare o no impidiere la muerte de una o más personas o pérdidas militares, si no resultare un delito más severamente penado.

(1) Artículo incorporado por art. 19 de la Ley 26.394 (B.O.: 29/8/08).

CAPITULO V - Violación de sellos y documentos

Art. 254Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 255 (1) – Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).

(1) Artículo sustituido por Ley 26.388, art. 13 (B.O.: 25/6/08). El texto anterior decía:

“Artículo 255 – Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93)”.

CAPITULO VI - Cohecho y tráfico de influencias (1)

(1) Título del capítulo sustituido por art. 30 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

Art. 256 (1) – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

(1) Artículo sustituido por art. 31 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

Art. 256 bisSerá reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años.

(1) Artículo incorporado por art. 32 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99.)

Art. 257 (1) – Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia

(1) Artículo sustituido por art. 33 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

Art. 258 (1) – Será reprimido con prisión de uno a seis años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los arts. 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los arts. 256 bis, segundo párrafo, y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

(1) Artículo sustituido por art. 34 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

Art. 258 bis (1) – Será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere, prometiere u otorgare, indebidamente, a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier otro objeto de valor pecuniario u otras compensaciones tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Se entenderá por funcionario público de otro Estado, o de cualquier entidad territorial reconocida por la Nación argentina, a toda persona que haya sido designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de Gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.401, art. 30 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18. El texto anterior decía:

“Artículo 258 bis (1) – Será reprimido con reclusión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otras compensaciones, tales como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a una transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

(1) Artículo sustituido por art. 1 de la Ley 25.825 (B.O.: 11/12/03)”.

Art. 259Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 259 bis (1) – Respecto de los delitos previstos en este capítulo, se impondrá conjuntamente una multa de dos a cinco veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada.

(1) Artículo incorporado por Ley 27.401, art. 31 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18.

CAPITULO VII - Malversación de caudales públicos

Art. 260Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Art. 261Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 262Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Art. 263Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

Art. 264Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

CAPITULO VIII - Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Art. 265 (1) – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.401, art. 32 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18. El texto anterior decía:

“Artículo 265 (1) – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

(1) Modificado por Ley 25.188, art. 35 (artículo sustituido con vigencia especial a partir de los ocho días de su publicación –B.O.: 1/11/99–)”.

CAPITULO IX - Exacciones ilegales

Art. 266 (1) –Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.401, art. 33 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18. El texto anterior decía:

“Artículo 266 (1) – Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

(1) Modificado por Ley 25.188, art. 37 (artículo sustituido con vigencia especial a partir de los ocho días de su publicación – B.O.: 1/11/99–)”.

Art. 267Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.

Art. 268 (1)– Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Se aplicará también multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.

(1) Artículo sustituido por Ley 27.401, art. 34 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18. El texto anterior decía:

“Artículo 268 – Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores”.

CAPITULO IX bis - Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados

Art. 268.1 Será reprimido con la pena del art. 256 el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

(1) Se aplicará también multa de dos a cinco veces del lucro obtenido.

(1) Segundo párrafo incorporado por Ley 27.401, art. 35 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18.

Art. 268.2 (1) – (2) Será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

(1) Artículo sustituido por art. 38 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

(2) Primer párrafo sustituido por Ley 27.401, art. 36 (B.O.: 1/12/17). Vigencia: 28/2/18. El texto anterior decía:

“Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.

Art. 268.3 (1) – Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

(1) Artículo incorporado por art. 39 de la Ley 25.188 (B.O.: 1/11/99).

CAPITULO X - Prevaricato

Art. 269Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 270Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e inhabilitación absoluta de uno a seis años el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el art. 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 271Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil e inhabilitación especial de uno a seis años el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 272La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

CAPITULO XI - Denegación y retardo de justicia

Art. 273Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años el juez que se negare a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

Art. 274 – El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

CAPITULO XII - Falso testimonio

Art. 275 – Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Art. 276 – La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

CAPITULO XIII - Encubrimiento (1)

(1) Título sustituido por Ley 26.683, art. 1 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:

CAPITULO XIII - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”.

Art. 277 (1) – 1. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2. En el caso del inc. 1.c) precedente la pena mínima será de un mes de prisión si –de acuerdo con las circunstancias– el autor podía sospechar que provenían de un delito.

3. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión.

b) El autor actuare con ánimo de lucro.

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

d) El autor fuere funcionario público.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el Tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

4. (2) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inc. 1.e) y del inc. 3.b) y c).

(1) Artículo sustituido por Ley 25.815, art. 2 (B.O.: 1/12/03). El texto anterior decía:

“CAPITULO XIII - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (1)

Artículo 277 (1) – 1. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2. La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando:

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión.

b) El autor actuare con ánimo de lucro.

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el Tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos de los incs. 1.e) y 2.b).

(1) Rúbrica y artículo sustituidos por Ley 25.246, arts. 1 y 2 (B.O.: 10 y 11/5/00)”.

(2) Inciso sustituido por Ley 26.087, art. 4 (B.O.: 24/4/06). El texto anterior decía:

“4. Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inc. 1.e) y del inc. 3.b)”.

Art. 277 bis (1) – Se aplicará prisión de tres a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años al funcionario público que, tras la comisión del delito de abigeato en el que no hubiera participado, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, intervenga o facilite el transporte, faena, comercialización o mantenimiento de ganado, sus despojos o los productos obtenidos, conociendo su origen ilícito.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.890, art. 6 (B.O.: 21/5/04).

Art. 277 ter (1) – Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que reuniendo las condiciones personales descriptas en el art. 167 quater, inc. 4, por imprudencia o negligencia, intervenga en algunas de las acciones prevista en el artículo precedente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima del ganado.

(1) Artículo incorporado por Ley 25.890, art. 7 (B.O.: 21/5/04).

Art. 278 – Derogado por Ley 26.683, art. 2 (B.O.: 21/6/11). Su texto decía: “(1) 1.a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

b) El mínimo de la escala penal será de cinco años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a), el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del art. 277.

2. (2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito.

3. El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del art. 277.

4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incs. 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser decomisados.

5. (3) La exención establecida en el inc. 4 del art. 277 no será de aplicación a ninguno de los supuestos contemplados por el presente artículo.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.246, art. 3 (B.O.: 10 y 11/5/00).

(2) Texto observado por el Dto. de promulgación 370/00 (de la Ley 25.246).

(3) Inciso incorporado por Ley 26.087, art. 5 (B.O.: 24/4/06)”.

Art. 279 (1) – 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente.

2. Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos veinte mil ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor.

3. Cuando el autor de los hechos descriptos en los incs. 1 o 3 del art. 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

(1) Artículo sustituido por Ley 26.683, art. 3 (B.O.: 21/6/11). El texto anterior decía:

“Artículo 279 (1) – 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precendente.

2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000), o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. (2) No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del art. 278, inc. 2.

3. (3) Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el art. 277, incs. 1 o 3, o en el art. 278, inc. 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá –además– pena de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

4. Las disposiciones de este capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.

(1) Artículo sustituido por Ley 25.246, art. 4 (B.O.: 10 y 11/5/00).

(2) Textos observados por el Dto. de promulgación 370/00 (de la Ley 25.246).

(3) Inciso sustituido por Ley 25.815, art. 3 (B.O.: 1/12/03). El texto anterior decía:

‘3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el art. 277, incs. 1 o 2, o en el art. 278, inc. 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá, además, inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requierieran habilitación especial. (*) En el caso del art. 278, inc. 2, la pena será de uno a cinco años de inhabilitación

(*) Texto observado por el Dto. de promulgación 370/00 (de la Ley 25.246)’”.

CAPITULO XIV - Evasión y quebrantamiento de pena (1)

(1) Rúbrica del capítulo sustituida por art. 3 de la Ley 23.487 (B.O.: 26/1/87).

Art. 280Será reprimido con prisión de un mes a un año el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

Art. 281Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil.

Nota: multa actualizada por art. 1 de la Ley 24.286 (B.O.: 29/12/93).

Art. 281 bis (1) – El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de dos meses a dos años.

(1) Artículo incorporado por art. 4 de la Ley 23.487 (B.O.: 26/1/87).